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La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) y la Municipalidad Metropolitana de Lima anunciaron que emprenderán acciones legales y penales por el retiro no autorizado y los daños ocasionados a un equipo tecnológico de seguridad vial instalado en la Costa Verde. El dispositivo, de propiedad municipal, fue removido en la jurisdicción de Magdalena del Mar. Según fuentes oficiales, la comuna capitalina busca establecer responsabilidades por la afectación al patrimonio público.
El pronunciamiento de la Municipalidad de Lima se produjo luego de que este sábado 15 de agosto circularan imágenes en redes sociales en las que, presuntamente, se observa la intervención del alcalde de Magdalena del Mar y candidato a la alcaldía de Lima, Francis Allison Oyague. Según el comunicado oficial, la autoridad distrital habría ocasionado daños al equipo de medición sin contar con la autorización correspondiente.
Por su parte, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, justificó el retiro de la cámara de control de velocidad instalada por la Municipalidad de Lima al señalar que el equipo fue colocado sin autorización de la comuna distrital. En un video difundido en redes sociales, el burgomaestre afirmó que la medida respondió a la falta de consentimiento de su gestión.
Asimismo, cuestionó la intención de aplicar fotopapeletas, debido a que, según sostuvo, no se habría realizado una marcha blanca ni instalado la señalización informativa correspondiente en la vía.
El equipo tecnológico en el centro de la controversia fue instalado por EMAPE en enero de 2025, en un tramo de la Costa Verde ubicado en Magdalena del Mar. De acuerdo con la Municipalidad de Lima, el dispositivo tenía como finalidad realizar estudios técnicos y medir la velocidad de los vehículos que circulan por esta vía.
La información recopilada permitiría identificar posibles situaciones de riesgo y, a partir de estos resultados, implementar medidas preventivas orientadas a reducir los accidentes de tránsito en la Costa Verde.
Ante lo ocurrido, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que pondrá a disposición de las autoridades competentes toda la documentación y las evidencias relacionadas con el caso. Entre las pruebas que serán entregadas al Ministerio Público se encuentra el video difundido en redes sociales, en el que se registraría el retiro del equipo.
Según fuentes de la comuna capitalina, este material será utilizado como sustento de las denuncias penales que la Procuraduría Municipal prevé presentar.
La Municipalidad Metropolitana de Lima reafirmó su rechazo a cualquier manipulación, retiro o modificación no autorizada de bienes públicos. En ese sentido, la comuna señaló que ningún ciudadano o autoridad local está facultado para disponer unilateralmente de infraestructura destinada a garantizar la seguridad vial de la población.
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