Un grupo representativo de padres decidió organizar una concentración frente a la sede central del Ministerio de Educación para rechazar la disposición que ordena el retorno temporal de las clases virtuales. La medida oficial impacta directamente a todos los colegios de Lima y Callao, generando inquietud generalizada entre las familias que priorizan la continuidad pedagógica presencial.
La iniciativa del colectivo Volvamos a Clases Perú centra sus críticas en la interrupción abrupta del modelo educativo actual. Los convocantes consideran injustificada la suspensión cuando existen alternativas viables para enfrentar la coyuntura nacional.
La manifestación está fijada para el próximo lunes nueve de marzo a las once de la mañana en el distrito de San Borja. Los organizadores advierten que esta decisión transmite una señal perjudicial al posicionar la educación como actividad secundaria ante cualquier emergencia.
Voceros del colectivo resaltan los efectos negativos que la virtualidad provocó en el aprendizaje durante la pandemia reciente. Miles de alumnos enfrentaron interrupciones sistemáticas que aún no se han superado completamente en el sistema educativo nacional.
Los promotores de la protesta argumentan que la modalidad remota profundizaría las disparidades de acceso tecnológico entre distintos sectores poblacionales. Asimismo, otro factor importante es que muchas viviendas carecen de conexión estable o dispositivos adecuados para garantizar sesiones de estudio efectivas.
La interacción personalizada entre profesores y estudiantes resulta especialmente crítica en la etapa inicial de formación. Los niveles básicos dependen del contacto directo y la socialización estructurada para consolidar competencias fundamentales del desarrollo infantil.
El movimiento insta al Ejecutivo nacional a explorar opciones específicas que resuelvan los problemas logísticos sin paralizar el calendario escolar. Las familias demandan soluciones inmediatas que preserven el derecho constitucional a una educación continua e ininterrumpida.
Los representantes rechazan enfáticamente cualquier percepción de que los centros educativos puedan cerrar temporalmente ante dificultades operativas. Esta postura busca revertir la tendencia que posiciona otros sectores por encima de las necesidades formativas de la infancia. Las familias buscan presionar a las autoridades mediante el diálogo directo antes de que se implementen medidas irreversibles para el presente ciclo lectivo.
