Ascienden a fiscal con  proceso penal pendiente y demanda civil en giro
Ascienden a fiscal con proceso penal pendiente y demanda civil en giro

Una asistente en función fiscal fue designada como fiscal adjunta de , pese a tener un proceso penal pendiente y una demanda civil, derivada del caso penal, que ya suma varios años en giro.

Pese a las evidencias, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Guillermo Castañeda Otsu, insiste en que María Azucena Espinoza Paz no tiene ninguna investigación, de lo contrario, asegura que no habría sido nombrada por la Fiscalía de la Nación.

DESIGNACIÓN. Mediante resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2053 - 2018 - MP - FN, de fecha 18 de junio del 2018, se designa a la abogada María Azucena Espinoza Paz como fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Piura, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Catacaos.

Ella remplaza a la abogada Ely Natalia Fiestas Antón, que como fiscal adjunta titular ejercía el cargo desde enero del 2011.

Con la misma resolución, Fiestas Antón fue designada como fiscal provincial provisional en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, con retención de su cargo de carrera.

Las decisiones fueron tomadas por la Fiscalía de la Nación, en base a la propuesta que realizó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Piura, Guillermo Castañeda Otsu, para cubrir la plaza de fiscal provincial para la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, que se encontraba vacante.

Aunque Castañeda debía enviar una terna de tres propuestas, solo remitió la de María Azucena Espinoza Paz, quien se ha desempeñado antes como asistente en función fiscal en Chulucanas y en Catacaos, donde ahora es fiscal adjunta.

CASOS JUDICIALES. En el sistema de la Corte Superior de Justicia de Piura aparece el expediente 2847 - 2011, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas.

En este caso, María Azucena Espinoza Paz aparece comprendida por presuntos delitos de abuso de firma en blanco y uso de documentos falsos.

El fiscal entonces era Luis Enrique Nuñez Frías, de la Segunda Fiscalía Provincial de Morropón - Chulucanas.

El hecho investigado está referido a la cuestionada venta de terrenos en Máncora, que realizó Neptalí Galindo, presumiblemente con participación de María Azucena Espinoza, en agravio de Leslie Leonila Allende Lavalle.

En este caso, con escrito del 4 de agosto del 2016, uno de los imputados, nombra abogado defensor.

Desde el 6 de diciembre del 2011 se daba por concluida la investigación preparatoria, debiendo el fiscal proceder conforme al artículo 344, inciso 1 del Código Procesal Penal; es decir, tenía 15 días para emitir su requerimiento de acusación o por el sobreseimiento de la causa.

Pero, el 13 de diciembre del 2011 se resuelve declarar fundada la cuestión prejudicial, deducida por el abogado de los imputados Guillermo Cedano Garrido y Maximiliano Velásquez Chávez y suspender el proceso penal hasta que se resuelva en definitiva la acción civil seguida por Leslie Leonila Allende Lavalle. El 26 de abril del 2012 se declaró consentida dicha resolución.

La acción civil (expediente 260 - 2010) sobre nulidad de acto jurídico (transferencia de tierras), tramitada por el Juzgado de Chulucanas, dio lugar a sucesivas apelaciones y a la generación de hasta cuatro expedientes en la Primera Sala Civil de Piura. Entre los demandados también figura María Azucena Espinoza Paz.

La remisión del expediente 260 - 2010 originó los expedientes de apelación 286 - 2012, en agosto del 2012; 370 - 2014, en setiembre del 2014; 378 - 2015, en junio del 2015; y 160 - 2016, en abril del 2016.

En la vía civil se verifica la validez de las firmas, que figuran en las transferencias materia de litigio.

SIN TERNA. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Guillermo Castañeda Otsu, señaló que respecto a la fiscal Azucena Espinoza, ha leído cuestionamientos, como que no tiene diez años de experiencia y no tiene maestría.

“Para ser fiscal adjunto no se pide diez años de abogado, se pide tres años nada más, y no es requisito tener maestría”, dijo.

Refirió que la mencionada tiene siete años de ejercicio como abogada y además conoce que sí tiene maestría.

También aceptó que propuso directamente a María Azucena Espinoza, y no como integrante de una terna, para fiscal adjunta provisional de Catacaos, porque también está en la facultad de hacerlo de esta forma.

Respecto a investigaciones pendientes a nivel judicial o fiscal, Castañera aseguró que “no tiene, porque si tuviera no la habrían nombrado”.

CASO DEL CHIP. Castañeda dijo que de la información que Azucena Espinoza le ha brindado es que en su bolso “le encontraron un chip inoperativo cuando intentaba ingresar al penal de Piura, que no vale”.

“Ella dice que no sabe cómo apareció en su bolso. Ella no ha tenido ninguna intención de ingresarlo (al penal de Piura), eso es lo que ella dice, y el caso está archivado”, indicó.

DESCONOCE DE PROCESOS. Consultado sobre si tenía conocimiento de un caso de presuntos delitos de abuso de firma en blanco y uso de documentos falsos contra la ahora fiscal de Catacaos, Castañeda dijo “que yo sepa no, yo antes de proponer a una persona de la Fiscalía, pido a Control Interno y a la Oficina de Procesos Disciplinarios que me informe si esa persona tiene algún problema, alguna investigación, porque si lo tuviera yo no lo propongo”.

“Las instancias correspondientes, en el caso de fiscales, la Oficina de Registros Fiscales en Lima hace una evaluación de los requisitos, una vez que ha verificado que estas personas cumplen los requisitos lo pasan al fiscal de la Nación y el fiscal de la Nación procede al nombramiento”, explicó el jefe de los fiscales en el Distrito Fiscal de Piura.

“APUNTAN CONTRA MÍ”. “A mí me parece más que extraño que últimamente todos los nombramientos que están saliendo los están cuestionando. Los cuestiona un abogado (Edgar Mendoza Chang), desconozco cuáles son sus razones, pero lo que garantizo es que esos nombramientos han sido hechos de acuerdo a ley. Las personas cumplen con los requisitos”, expresó.

De esta forma, aludió también al reciente nombramiento del fiscal Danny Javier Olemar Távara.

Refirió que “todos los que yo he propuesto, excepto los fiscales adjuntos de Huarmaca, y que han sido nombrados, han sido trabajadores de la Fiscalía, con muchos años de experiencia, y están legalmente nombrados”.

“No sé cuál es el interés, el ánimo de cuestionar los nombramientos, y me parece que apunta no a la fiscal Azucena Espinoza, Javier Olemar, parece que apuntan hacia mi persona”, enfatizó mortificado el fiscal superior.

Señaló que si encuentran o tienen algo contra él, que lo presenten y se someterá a las investigaciones. Y si no es así, que no persistan en una actitud que no corresponde.

CAMBIOS. “Andan diciendo que yo nombro a fiscales, que yo he sacado a la doctora Fanny García, yo no sacó fiscales”, expresó.

Agregó que en las mismas resoluciones, en que esas personas son nombradas, se consigna que son consecuencia de pedidos de Control Interno o de la Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima.

Pero, “han sido regresadas a pedido mío, porque he pedido que se deje sin efecto el nombramiento del fiscal Javier Eduardo López Romaní y de la fiscal Fanny García.

En el caso de la fiscal Fanny García ha regresado, en el caso de López Romaní, él continúa en el cargo.

Refirió que él propuso a Javier Olemar Heredia, fiscal provincial titular de Paita, para la Fiscalía Anticorrupción. Pero, el fiscal de la Nación ha nombrado al fiscal Daniel Márquez, fiscal adjunto titular de Ayabaca, bien por él y por nosotros, porque es un fiscal titular, agregó.

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