Candidatos se burlan de la ley y aceptan apoyo prohibido

A cuatro días de las Elecciones Regionales y Municipales 2018, los candidatos de diferentes agrupaciones políticas se burlan de la ley y reciben un evidente apoyo de personas jurídicas, entidades bancarias, personas con investigaciones penales y con prisión preventiva por actos de corrupción. El 30 de noviembre del año pasado se promulgó la ley N° 30689, la cual modifica la Ley de Organizaciones Políticas, con el fin de prevenir actos de corrupción y el clientismo en la política. Sin embargo, esta norma es letra muerta.

LA LEY. El artículo 31 de la ley N° 30689 indica que las organizaciones políticas tienen como fuente de financiamiento prohibidas a cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación de este. A las confesiones religiosas de cualquier denominación, personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras; personas jurídicas nacionales sin fines de lucro y a personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo.

No obstante, la investigación realizada por Correo pone en evidencia el financiamiento que reciben algunos de los candidatos, quienes en algunos casos lideran las encuestas pese a que burlan la ley.

MODELO. El Movimiento de Desarrollo Local (Modelo), cuyo representante para la región es Leonidas Huayama Neira, ha declarado que los aportes de su campaña son de sus socios, de instituciones educativas y no de empresas constructoras; sin embargo, hay vehículos que utiliza para hacer propaganda de su movimiento ligadas a empresas de este rubro.

El partido utiliza una camioneta de placa F1T- 831, de propiedad de Jennifer Acaro Girón, representante legal de Maar Constructores.

Asimismo, dicho movimiento también tiene a su disposición la camioneta de placa P2X-722 de propiedad del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Para el especialista del Jurado Electoral Especial de Elecciones de Piura, Armando Aldana, refirió que la única manera en que una entidad bancaria podría financiar a un candidato sería a través de un crédito financiero, no puede hacerlo a través de un aporte.

“Ellos solo pueden financiar a través de un crédito financiero, no lo pueden hacer con ninguna aportación o con vehículos. Allí ya se aplicaría la norma y la sanción respectiva”, explicó Aldana.

Así mismo, otro de los vehículos utilizados por el movimiento es la camioneta de placa AAU - 823 que pertenecen a la empresa Estación de Servicios San José S.A.C, de propiedad de Gunter Martín Castillo Gallo, quien tiene un proceso judicial por el presunto delito de lesión dolosa y culposa.

Otro de los vehículos con los que los representantes de dicho movimiento salen a recorrer la ciudad, es la camioneta de placa T9I-862 de la empresa MATSER E.I.R.L de propiedad del candidato a la alcaldía del distrito de Veintiséis de Octubre, José Elías Cango, quien cuenta con un proceso por el presunto delito contra la administración pública.

Ante ello, se le consultó al candidato Leonidas Huayama sobre el apoyo que reciben de dichas empresas, a lo que respondió lo siguiente.

“Una de las empresas que refieres es del candidato del distrito Veintiséis de Octubre, también lo tengo que apoyar y seguramente está recibiendo aportes de su empresa que es privada, y ya cuando se rindan cuentas a la ONPE, al final todos los candidatos van a rendir cuentas de todo el movimiento”, mencionó.

También dijo que “la empresa Estación de Servicios San José de Martín Castillo, que pertenece al dueño del grifo San José, personalmente no me consta que me está apoyando, pero creo que lo está apoyando a Pepe Jiménez, ya en su momento lo informará en la rendición de cuentas”, acotó Huayama

SOMOS PERÚ. Otro de los partidos políticos que estaría siendo apoyado por empresas con investigaciones es Somos Perú.

Entre los vehículos que utiliza para su campaña política está el vehículo Toyota blanco de placa P3K 774 de propiedad de la empresa “Construcciones y Servicios Generales Fuerte Roble E.I.R.L”, cuyo representante legal es Wilson Darwin Calva Villegas.

No obstante, dicha empresa tiene un proceso judicializado por el presunto delito de minería ilegal, cuyo agraviado sería la Procuraduría del Ministerio de Ambiente y el imputado es Jesús Manuel Andrade Chero.

Respecto a esto, se les consultó a los candidatos por la provincia de Piura, Gabriel Madrid, quien refirió lo siguiente.

“En lo que concierna a Gabriel Madrid, no existe ninguna movilidad que corresponda a estas empresas. Te puedo dar la seguridad que no tenemos ninguna camioneta que esté vinculada a mi campaña; recuerda que las responsabilidades son personalísimas”.

En tanto, el candidato a la región de Piura por dicho partido, Wilmar Elera, dijo desconocer sobre esta empresa.

“No conozco las empresas y no tengo ningún apoyo ni económico ni vehicular con ellas” , aseveró.

REGIÓN PARA TODOS. De los seis vehículos que utiliza la campaña de Región para Todos, cuatro pertenecen a las empresas Norhogar S.R. LTDA, Grupo Seminario S.A.C., la distribuidora R&M S.A.C. y ALD Automotive Perú S.A. Asimismo, Juan José Díaz Dios, candidato a la alcaldía de Piura por este movimiento regional, manifestó que no conoce a la empresa Norhogar y que esta no es financista de su campaña política, así también negó tener el apoyo de alguna empresa constructora.

En tanto, para la campaña del partido de Fuerza Popular utiliza el vehículo de placa P2Q-768 de propiedad del funcionario y director de Agro Banco, Richard Hale García.