Crisis política también afecta al sector educativo

El sector Educación es uno de los más golpeados por la crisis política que se vive en el país, cuyas brechas aún siguen siendo muy grandes y se verán agudizadas por las políticas económicas del gobierno de Pedro Castillo, que ha llevado a la incertidumbre en cuanto al manejo económico y a las inversiones necesarias para la reactivación económica.

Ayer, mediante Decreto Supremo, el sector Educación fue declarado en emergencia a nivel nacional. Ello sumado al informe de la Contraloría General de la República que detalla que este año unos 300 mil alumnos no estudiarían a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Situación

El especialista en temas educativos, Gustavo Nakamura, mencionó que el sector Educación no está ajeno a lo que está pasando con la situación política del país ya que se tiene un Ejecutivo bajo una línea de acción y un Congreso que no tiene mayoría, ello complica la convivencia democrática, que incluso puede alcanzar a los gobiernos regionales y municipales, más aún a puertas de un proceso electoral en dichos niveles de gobierno.

Refirió que las decisiones del actual gobierno ha hecho que la inversión privada se paralice generando una mayor crisis económica que afecta y agudiza la situación en el sector educación ya que aumenta las brechas tanto para los alumnos como para los docentes.

“La crisis económica en el país es muy dura y las inversiones privadas se han paralizado por las políticas actuales del gobierno central, entonces el miedo a la inversión privada está haciendo que esto retroceda y el no actuar rápidamente con una inversión pública está haciendo que la situación económica sea insostenible. Si no hay inversión privada, no se generan impuestos que es lo que recoge el Estado para poder hacer políticas públicas, entonces de dónde va a sacar ese dinero”, dijo Nakamura.

Esta crisis del sistema educativo se complica aún más por el lento proceso de vacunación que debería estar garantizado en su totalidad para el inicio de la semipresencialidad para el segundo semestre de este año. “El tema sanitario va a ser fundamental, en lo que se refiere a la vacunación y pruebas de descarte para poder regresar a clases”.

A esta situación se suma, el conflicto que se vive dentro del magisterio con la creación de otro gremio reconocido por el mandatario.

Ayer se publicó el Decreto Supremo Nº 014-2021-Minedu, en el diario El Peruano, que oficializa la declaratoria de emergencia en el sector Educación en todo el territorio nacional durante el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022.

Prioridad

El especialista en temas educativos, Gustavo Nakamura, fue enfático en decir, que tras la promulgación del decreto urge hacer una evaluación a nivel nacional de los estudiantes con diferentes mecanismos y protocolos para que se sepa cómo está el nivel de educación y realmente las competencias de los resultados que se esperan en el país.

“Se debe tener una radiografía hacia dónde ir, en alianza con los maestros, la sociedad civil y empresa privada para a partir de allí trabajar (…) En el Perú hasta ahora no se ha hecho una evaluación de cuáles son aquellas competencias que se han concebido en esta pandemia. Si no sabemos en dónde estamos, cómo vamos a saber hacia dónde vamos”.

Agregó que otro factor importante es no aventurarse al retorno abrupto de las clases, sino se debe ir con procesos semipresenciales y modelos escalonados, sobre todo en zonas urbanas, ello en alianza con los gobiernos regionales, municipales, los padres de familia, profesores, las empresas privadas y la sociedad civil para articular esfuerzos

La secretaria técnica de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Berenice Adriano Olaya, remarcó que el tema de la educación es preocupante porque las clases remotas no han cumplido su función y tampoco ha llegado a todos los alumnos.

“La pandemia ha desnudado las limitaciones para que los niños y niñas tengan aprendizaje adecuado”, dijo.

Mencionó que es saludable que el sector educación haya sido declarado en emergencia, pero ello supone que se debe de garantizar la vacuna a los docentes, familias y niños para un buen retorno semipresencialidad de las clases. Además de contar con kits de higiene y cerrar las brechas de la falta de servicios básicos en las escuelas como es el agua.

Adriano Olaya, coincidió que se tiene que trabajar en los tres niveles de gobierno y con el presupuesto garantizado para el retorno de clases presenciales.