Cuestionan la venta de 206 hectáreas de terreno del Pechp

La comisión de Fiscalización del Consejo Regional de Piura cuestionó la venta directa de 206 hectáreas que realizó el Proyecto Especial Chira Piura (Pechp) a 14 personas naturales, una empresa y una asociación, para supuestos fines agropecuarios. El monto total por la adjudicación de los predios es de S/934,521.88.

INVESTIGAN

De acuerdo a la relación de contratos de compra-venta directa efectuados bajo la Ley N°26505, el Pechp adjudicó las 206.4188 hectáreas de terrenos eriazos a 14 personas naturales, la empresa Chimu Agropecuaria S.A. (40.4105 ha), y la Asociación Luis Alberto Sánchez (57.5200 ha.) en diversos sectores, pero cuyos contratos fueron firmados entre enero y noviembre de 2016.

Sin embargo, esta semana, la ciudadana Eufemia Pasapera Maldonado denunció ante la comisión de Fiscalización y la Oficina Regional Anticorrupción la vulneración de sus derechos de posesión del terreno que ocupa desde hace algunos años en el sector Los Ejidos de Huan, pues el Pechp ha solicitado, mediante notificación, que abandone el terreno pues vendió 14 hectáreas del predio al ciudadano Max Leigh García.

Para el integrante de la Comisión de Fiscalización, Óscar Echegaray, los funcionarios del Pechp vulneraron las normas al realizar los procesos de venta directa de predios sin la autorización del Consejo Regional.

“Durante una inspección en la zona hemos constatado que no hay ninguna actividad agropecuaria, que es en lo que se basó el Pechp para adjudicar esos terrenos, pero sí hemos detectado que se está pretendiendo vender lotes de vivienda. Por otro lado, la denunciante sí ocupa los terrenos. Además, el Pechp ha vulnerado el procedimiento al adjudicar terrenos del Estado sin la autorización del Consejo Regional”, dijo el integrante de dicha comisión, Óscar Echegaray.

De la misma manera en que se vendieron las 206 hectáreas de terrenos, otros 71 expedientes de solicitud de adjudicación se encuentran en proceso en el Pechp.

EN PROCESO

Consultados sobre el tema, funcionarios del Pechp indicaron que la venta directa de terrenos de propiedad de la institución no requieren de la autorización del Consejo Regional, como sí lo demanda la subasta de predios.

El asesor jurídico del Pechp, Juan Tineo, dijo que se adjudicaron los predios a los miembros de la asociación “Pequeños propietarios de Huan”, en algunos casos de manera individual y, en otros, representados por el ciudadano Leigh García.

“La denunciante no tiene ninguna solicitud de adjudicación de terrenos eriazos. Hemos constatado que hasta el 2011 la asociación sí desarrollaba actividades agropecuarias, además el limite del terreno no era área de expansión urbana”, indicó.

Por su parte, el director de Desarrollo Agrícola, Manuel León, explicó que se otorgó la adjudicación del predio a dicha asociación porque ingresaron su solicitud con fecha primigenia antes del 2001, como lo estipula la ley.

“Los miembros de la asociación aún están en trámite de independización. El predio aún figura en registros públicos como propiedad del Chira Piura porque no tienen el título, pero eso no les impide realizar un traspaso de posesión”, precisó.

No obstante, otros ciudadanos a los que les adjudicaron predios ingresaron dicha solicitud en el 2006, como el caso de Ady Huiman Lau, a quien le vendieron 12 hectáreas de terreno. Al respecto, el asesor de la Dirección de Desarrollo Agrícola, Junior Calderon, dijo que hubo una ampliación de inscripción y presentación de solicitudes hasta junio del 2007.

Para la abogada del Pechp, Susana Huerto, “una tercera persona ha sorprendido a la denunciante y no ha ido a verificar la titularidad del predio en Registros Públicos. Se podría tratar de un tráfico de terrenos. Ella quiso regular la posesión de su predio en Prorural cuando no es de su competencia. De constatar que las personas a las que hemos adjudicado los terrenos pretenden ejecutar otro proyecto que no es para el que se otorgó, podemos resolverles el contrato”.

Los funcionarios confirmaron que otros 71 expedientes de adjudicación continúan en trámite. “No están paralizadas, están en stand by”, dijo el asesor Juan Tineo.