Detectan riesgos en proyecto que beneficia a damnificados
Detectan riesgos en proyecto que beneficia a damnificados

La  halló situaciones adversas que pondrían en riesgo la obra de instalación del servicio de agua y alcantarillado, que forma parte del primer componente del proyecto habitacional “Una Sola Fuerza”, cuyos beneficiarios son los damnificados y que es ejecutada por el Ministerio de Vivienda, en convenio con el Ejército Peruano.

INFORME

El órgano de control realizó un informe sobre el proyecto “Habilitación Urbana Integral y Construcción de Viviendas Unifamiliares de Interés Social-Una Sola Fuerza”, ubicado en el distrito de Veintiséis de octubre, en Piura, cuya inversión total asciende a S/ 16 millones.

Dicha obra es ejecutada por el Ministerio de Vivienda en convenio con el Ejército Peruano. Además, cuenta con cinco componentes, uno de los cuales es la creación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la habilitación urbana de las viviendas. El costo de este componente es de s/ 3’421,485.

Como se conoce, este proyecto tiene como fin la construcción de 259 viviendas destinadas a los damnificados por El Niño Costero. A dos años de este fenómeno, aún no culminan la construcción de esta esperada obra.

INSPECCIÓN

Al respecto, los funcionarios de Contraloría de la República realizaron una inspección física referente a la ejecución de la obra de agua y alcantarillado en los primeros días de febrero.

De acuerdo al informe, el órgano de control detectó que se adquirió tuberías con características técnicas que no son adecuadas para la línea de impulsión de desagüe.

Esto pone en peligro el fluido de impulsión, ya que podría ocasionar roturas entre la cámara de bombeo de desagües hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Es decir, que si el sistema de alcantarillado entra en funcionamiento podría colapsar.

Por otro lado, se encontró que la línea de impulsión de desagües proyectada para esta obra pasa por terrenos en donde se vierten aguas de alcantarillado sin tratamiento. Esto afecta la estabilidad del terreno y, a la vez, la vida útil de la estructura.

NO HUBO PRUEBAS

Otra de las deficiencias encontradas por los auditores de la Contraloría es que se ha evidenciado que no se realizaron las pruebas hidráulicas del sistema de agua y alcantarillado, pese a que dentro de las partidas se consideró un monto de dinero para las mismas. El órgano de control concluye que lo observado no garantiza la calidad de la obra.

Además, el expediente técnico de agua potable no cuenta con un estudio de mecánica de suelos, ni estudio de las estructuras proyectadas (cámara de bombeo). También existen observaciones en el expediente técnico del sistema de electrificación.

Asimismo, se verificó que existe incompatibilidad entre la memoria de cálculo, memoria descriptiva y planos, entre otras falencias.

Por si fuera poco, el órgano de control halló que las cajas de registro de desagüe no se encuentran niveladas y las cajas de conexión de aguas no están cubiertas, lo que posibilita la acumulación de arena, que pone en riesgo la vida útil del proyecto.

El órgano de control detalla que las primeras válvulas se encuentran expuestas a la arena y que las cajas están ubicadas en terreno arenosos. Para Contraloría esto evidencia que el proceso constructivo no ha sido el adecuado y las instalaciones ejecutadas no se encuentran protegidas.

RETRASOS

En el informe del órgano de control se detalla que el expediente técnico de la obra estuvo listo en abril del 2018 y que luego se inició la ejecución el 17 de julio del mismo año, debiendo concluir el 12 de enero del 2019.

Sin embargo, a la fecha la creación de los servicios de agua y alcantarillado presentan un retraso del 40%, mientras que el proyecto habitacional, que contempla cinco componentes, presenta un atraso del 73.34%.

Cabe resaltar que se aprobaron dos ampliaciones de plazo por un periodo de 120 días calendario, debido a que se declararon desiertas dos adjudicaciones simplificadas de insumos.

Por último, se verificó que la obra no cuenta con un cronograma de ejecución.

Finalmente, la Contraloría recomendó adoptar las medidas correctivas que correspondan en un plazo de tres meses.

La construcción de este conjunto habitacional fue ofrecido en el 2017, por el exministro de Vivienda, Carlos Bruce, meses después del desborde del río Piura.

El exfuncionario ofreció la entrega de 600 viviendas para los damnificados a finales del 2018 pero no se cumplió.

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