El 2017 estuvo marcado por El Niño costero y casos de corrupción

Tras el Niño costero, la emergencia se trasladó a hospitales. El dengue causó el fallecimiento de 41 personas. Por otro lado, el desvío de fondos en las Ugel evidenciaron mafias enquistadas en las entidades del Estado
El 2017 estuvo marcado por El Niño costero y casos de corrupción

El 2017 estuvo marcado por El Niño costero y casos de corrupción

01 de Enero del 2018 - 11:16 » Textos: Cinthia Cherres » Fotos: Correo

Aún la tragedia está fresca en la región, así como las marcas de dolor en cada habitante que le tocó vivir El Niño costero, fenómeno climático que es considerado como el más feroz de la última década.

El panorama local para este año contribuye a la incertidumbre. Las elecciones regionales de octubre del 2018 convertirán las obras pendientes en un campo de batalla político adicional.

Aunque hoy ya no estamos hundidos en el agua, sí lo estamos en las pistas rotas, en las carpas calientes, en las casas a medio construir y con la certeza de una política contaminada de corrupción.

RECUENTO. En enero del 2017, ocho niños murieron por el golpe de calor, debido a las altas temperaturas que azotaron la costa de nuestro país. La falta de gestión para la implementación de los hospitales de la región evidenciaron la crisis en el sector Salud.

Ese mismo mes, el megaproyecto Alto Piura atravesaba una situación crítica al estar paralizada por una controversia en la entrega de la línea de transmisión, componente vital para el funcionamiento del proyecto. Aunque a la fecha los trabajos se han retomado, la contratista Obrainsa Astaldi ha iniciado un arbitraje contra el Peihap por más de S/23 millones.

Asimismo, el entorno político regional se alteró tras la publicación del informe Pari sobre el caso Lava Jato, en el cual se involucraba al gobernador regional, Reynaldo Hilbck, y los ex presidentes regionales, Javier Atkins, y César Trelles. A la fecha, las investigaciones no han avanzado, como sí lo ha hecho el arbitraje con Camargo Correa.

EMERGENCIA. Sin embargo, fue el 27 de marzo cuando la tragedia alcanzó a los piuranos. Ese día, tras 15 horas de lluvia, el río Piura se desbordó y causó caos y desesperación en la ciudad y en el Bajo Piura, pero también escenas de valentía y solidaridad.

Las cifras de la tragedia -que aún no acaba en Piura-, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen) llegó a 91.835 damnificados, 310.570 afectados, 17 fallecidos, 39 heridos, 4 desaparecidos, 5.724 viviendas colapsadas, 8.469 viviendas inhabitables, 71.008 viviendas dañadas; así como 711 colegios y 195 centros de salud afectados.

Aquel mes, unos diálogos de WhatsApp del grupo “Emergencia COER” conformado por los funcionarios del Gobierno Regional de Piura ocasionaron el repudio de la ciudadanía hacia nuestras autoridades.

Es allí cuando apareció la figura del asesor regional Carlo Bertini Hurtado, quien no dudó en recomendar romper el dique del puente Independencia para poder salvar a la ciudad.

En aquel entonces, dicha propuesta fue considerada inapropiada pues el río tenía un caudal de 3,600 m3/s. Ahora, los trabajos se ejecutan de manera planificada y la Fiscalía ya investiga a Hilbck, Miranda y Bertini, por una supuesta falta de gestión integral de riesgo de desastres.

Paralelamente, la emergencia se trasladó a los hospitales y se agudizó entre abril y junio, pues los casos de dengue aumentaron rápidamente. Al cierre de año, la Dirección Regional de Salud ha reportado 41 fallecidos, además de 48,381 casos, de los cuales 12,484 son confirmados y 35,897 son probables. Esta cifra superó en seis veces a las registradas en el 2016.

Hoy, a más de nueve meses de pasada la emergencia, el drama solo ha cambiado de lugar; de los pueblos inundados a los campamentos de refugiados en la carretera Piura-Chiclayo.

Incluso, hace unos meses, un desalojo registrado a pocos metro del refugio Santa Rosa acabó con la vida del damnificado Luis Pasache Zapata.

Mientras tanto, la rehabilitación, que es el primer componente de la anunciada reconstrucción no se ha concretado aún, pese a que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) transfirió el dinero para las obras desde hace seis meses. En su momento, el ex director de la ARCC, Pablo de la Flor, dijo que incapacidad de los gobiernos regionales fueron el principal obstáculo en la primera etapa de la reconstrucción.

A Piura se le aprobó un presupuesto de S/7,541 millones para el proceso de reconstrucción en diferentes carteras. Sin embargo, a la fecha solo está en ejecución la descolmatación de los ríos Piura y Chira, por casi S/300 millones, actividad que ha sido seriamente cuestionada por los colegios profesionales y universidades prestigiosas de Piura; y la rehabilitación de vías.

CORRUPCIÓN. El presunto desvío de fondos y pagos indebidos registrados en la Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) de la región evidenció una mafia organizada en el sector Educación.

Solo en la provincia de Talara se determinó un perjuicio económico de S/10 millones. Mientras que en las Ugel de Paita, Chulucanas, y la Dirección Regional de Educación aún está pendiente que se determinen responsabilidades.

Por otro lado, las detenciones por los casos de “Los fiscalizadores” de la Municipalidad Provincial de Piura y “Los tramitadores” de la Dirección Regional de Agricultura de Piura alteraron las gestiones públicas de la región. Aunque en ambos casos no hubo los suficientes elementos de convicción para dictar prisión preventiva, las entidades han procedido a tomar las medidas preventivas para evitar irregularidades.

Mientras tanto, el caso “Los Ilegales” reveló una red criminal integrada por trabajadores del Poder Judicial y la Policía encargada de pagar “coimas” a jueces y fiscales. En total, diecisiete ciudadanos fueron detenidos durante un megaoperativo realizado en setiembre pasado, pero solo siete fueron enviados a la cárcel.

El 2017 también estuvo marcado por la huelga de maestros, quienes al acatar la medida por más de dos meses afectaron el dictado de clases de los escolares.

Otro suceso importante fue la vacancia del alcalde de Talara, José Bolo Bancayán, por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto por anular una resolución que terminó beneficiando a Petroperú. En su reemplazo, Rosa Vega Castillo asumió el cargo a fin de que complete el periodo de gobierno municipal 2015-2018.

A semanas previas de culminar el 2017, la Municipalidad Provincial de Piura decidió aprobar una ordenanza municipal que ampliaba el anillo vial de la ciudad. Ello ha originado continuas manifestaciones violentas por parte de los mototaxistas. Precisamente este 4 de enero retomarán el paro anunciado.