En el proceso judicial entre la empresa Gastalsa y el Estado peruano por la concesión del gas, hay terceras empresas que se están viendo afectadas, como lo es ENEL Generación Piura. En febrero de 2022, el juez José Efraín Carrasco Villegas, titular del Juzgado Civil Permanente de Talara, emitió una medida cautelar que dispone la transferencia a favor de la empresa Gastalsa de un gasoducto de gas natural de propiedad de Enel Generación Piura, el cual transporta este insumo a la central térmica de Malacas, proceso vital para la generación de energía eléctrica.

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¿Cuáles son las consecuencias de esta medida?

La transferencia del gasoducto a Gastalsa tendrá como principal consecuencia que la central Malacas deje de operar. Pagar un costo de transporte por el uso de un gasoducto que fue de propiedad de Enel, encarecerá significativamente los costos operativos de la central, lo que impedirá que mantenga sus precios competitivos y, así, deje de suministrar energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Si les obligan a transferir el gasoducto, ¿ustedes cerrarán?

Mira, Gastalsa va a querer recuperar la inversión que haga por el gasoducto y seguro imaginará que seguiremos consumiendo 25 millones de pies cúbicos diarios, lo que ellos no saben es que como se encarece la producción, saldré del mercado, cerraré la planta y ellos ya no tendrán un gran consumidor. El otro consumidor es la refinería. Entonces, Gastalsa invertirá en un negocio que no le dará ganancias, al contrario, nos hará quebrar a nosotros y seguro él también va a quebrar. Todos pierden. Pierde el Estado, pierde la gente, se pierden los empleos y pierde la parte económica.

¿Por qué consideran que el juez no ha actuado conforme a ley?

Nosotros compramos el gasoducto en el año 1996 con todas las convalidaciones del Estado. Incluso sacamos todas las autorizaciones que nos solicitaron. Por otro lado, el proceso de concesión de distribución de gas empezó en 1998 y el 2008 entró a un proceso de formalización. La ley indicaba que los nuevos ductos tenían que ser parte del concesionario de gas, pero nosotros lo adquirimos en 1996, es decir dos años antes, por lo tanto no debe ser sujeto a transferencia forzosa a ningún concesionario de gas, ni a Gastalsa ni a Gasnorp, ni a ningún otro que esté en el futuro. Se nos está alterando la regla de juego y eso nos sorprende. No puede haber una medida retroactiva. La medida cautelar ha salido sin que podamos sustentar todos estos detalles.

¿Este 21 de junio, en la Corte Superior de Sullana, será la audiencia del proceso principal, de la demanda presentada por Gastalsa?

Sí. Allí Gastalsa hizo su reclamo contra el Estado peruano (...). Nosotros vamos a participar porque ellos están requiriendo la transferencia del gasoducto. Se va a presentar Gastalsa, Gasnorp, ENEL Generación Piura y el Estado peruano, que es el denunciado.

¿Si en segunda instancia no les dan la razón, el caso pasa a la Corte Suprema, en Lima?

Sí, allí estamos hablando de un juzgado más competente y amplio. Esa es la etapa final en Perú.

¿En qué fecha se emitió la medida cautelar?

La medida cautelar ya está en curso porque es una medida de estricto cumplimiento y va más rápido que las instancias judiciales normales. Ese documento repite la sentencia y ordena acelerar el proceso. En lo que concierne a nosotros, Gastalsa reclama a Osinergmin que le haga la transferencia del gasoducto, que es de nuestra propiedad. Osinergmin ya nos solicitó información de los ductos para proceder a la valorización, ya que eso lo hace el estado peruano.

¿Ya entregaron la información?

Hemos entregado una primera parte porque el plazo se venció el 20 de mayo. Hay un segundo requerimiento, cuyo plazo vence antes del 21 de junio.

¿Ustedes consideran que Gastalsa no tendrá dinero para pagar el gasoducto?

Me remito a los antecedentes y el más claro es la concesión inicial que perdió Gastalsa, pues no hubo ninguna inversión, tampoco hubo ningún consumidor que disfrute de la distribución de gas natural. Eso es lo que nos genera dudas.

¿Cuál es el principal objetivo en estos momentos?

Nosotros defenderemos el derecho de propiedad del gasoducto y trataremos de evitar la transferencia, porque ambas cosas el Estado nos lo ha reconocido.