Hilbck hereda una millonaria deuda

La nueva gestión del gobierno regional no solo recibirá proyectos, programas y actividades sin iniciar, paralizados e inconclusos, sino también una millonaria deuda que deberá asumir sí o sí, pues así lo ordenan varias sentencias judiciales firmes.

OBLIGACIÓN. Según informó la Procuraduría Pública Regional, durante el proceso de transferencia de gestión, la entidad que desde el 1 de enero preside Reynaldo Hilbck Guzmán tiene un compromiso de 140 millones 426 mil 388.59 nuevos soles.

Esta cifra es el resultado de las obligaciones patrimoniales con sentencia judicial firme más lo adeudado a los pensionistas de la Dirección Regional de Agricultura.

Por el primer concepto se debe 73 millones 426 mil 388.59 nuevos soles. Y por el segundo, 67 millones.

Esta deuda no incluye la que se tiene pendiente por pagar por los procesos arbitrales que ha afrontado el gobierno regional en los últimos años.

Hace unos días, Correo dio a conocer que la entidad aún tiene pendiente por pagar 16 millones 75 mil 398.51 nuevos soles por los arbitrajes perdidos, lo que incrementaría la obligación que tiene la ahora administración de Reynaldo Hilbck a más de 156 millones 501 mil nuevos soles.

MOTIVOS. La Procuraduría Pública Regional también dio a conocer que las materias de mayor incidencia que se han presentado en contra del gobierno regional son: demandas de pago de devengados por reajuste de preparación de clases, demandas de indemnización de demandantes reincorporados por mandato judicial por lucro cesante y otros, demandas de reajuste de la bonificación por zona rural o urbano marginal personal del sector Salud.

También demandas de reajuste de la asignación por refrigerio y movilidad diarios y sus devengados, demandas de pago de devengados e intereses del reajuste del Decreto de Urgencia N° 037-1994, procesos de cumplimiento de pago más intereses de las asignaciones por tiempo de servicios y subsidios por todos los servidores públicos del gobierno regional.

Asimismo, demandas de pago de beneficios de Cafae (Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo) y devengados de todos los sectores, demandas por indemnización contra exfuncionarios y servidores, entre otros.

CIFRAS. Por otro lado, la Procuraduría Pública Regional dio cuenta del número de procesos judiciales contra la entidad en los últimos 4 años, es decir, durante el periodo de gestión de Javier Atkins Lerggios.

El número supera ampliamente al registrado entre los años 2004 al 2010, tiempo en el que fue presidente regional César Trelles Lara.

En el periodo 2011 a 2014, se reportan 12 mil 920 procesos judiciales. Mientras que en los años previos, se cuentan 5 mil 345.

En total, la mencionada unidad orgánica registra 18 mil 265 procesos judiciales ingresados y tramitados desde el 2004.

Respecto a las obligaciones del gobierno regional, también se informó que en el 2014, a través del Comité Permanente de priorización de obligaciones con sentencia en calidad de cosa juzgada, se ha pagado la suma total de 3 millones 260 mil 238 nuevos soles.

“Con lo que se ha procedido a cancelar obligaciones correspondientes a 1 mil 40 antiguos procesos judiciales de los años 2007 a mediados del año 2011 en todas las dependencias del pliego del gobierno regional”, señala la Procuraduría Pública Regional.

Por arbitrajes, la entidad ha cancelado 2 millones 743 mil 9.43 nuevos soles.

DIFICULTADES. Cabe señalar que durante los últimos 4 años el área que atiende los procesos legales ha tenido una serie de debilidades que han afectado su funcionamiento, tal como se advierte en el informe de transferencia de gestión.

En este documento se indica que ha faltado personal profesional y técnico debidamente evaluado y calificado por especialidades que permitan conformar equipos de defensa.

De igual forma, que ha habido un insuficiente número de personal en relación a la carga que se asume diariamente, alta rotación de personal, no se cuenta con un software validado para el registro, seguimiento diario de pago, coordinación con sectores y determinación de intereses de las obligaciones por mandato judicial con calidad de cosa juzgada.

Además, insuficientes equipos de cómputo, y muchas debilidades más.