Informe de Contraloría revela acuerdos que favorecen a Camargo Correa

Documento de auditoría señala que los funcionarios del Proyecto Alto Piura, uno de los cuales es el actual gobernador regional, concertaron con empresa vinculada al caso Lava Jato ampliaciones de plazo que eran técnicamente improcedentes
Informe de Contraloría revela acuerdos que favorecen a Camargo Correa

Informe de Contraloría revela acuerdos que favorecen a Camargo Correa

04 de Febrero del 2018 - 09:35 » Textos: Marisol Bobadilla » Fotos: Correo

Un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República al Gobierno Regional de Piura (GRP) revela los acuerdos que adoptó el ahora gobernador regional, en su calidad de presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), el ex asesor de la institución y los representantes de la empresa brasileña Camargo Correa. Esta última es investigada por el caso Lava Jato.

“El jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la presidencia del Consejo Directivo sostuvieron conversaciones con el contratista a efectos de llegar a acuerdos respecto a ampliaciones de plazo que no procedían y que fueron aprobadas por el Consejo Directivo. La pertinencia de los acuerdos no fue iniciativa de la Procuraduría Regional”, indica el documento.

CONVERSACIONES

El memorándum N°114-2012 emitido por el gerente general de Peihap, Pedro Mendoza, revela que el asesor jurídico del gobierno regional y el presidente del Consejo Directivo del Peihap, quien entonces era el actual gobernador regional Reynaldo Hilbck, sostuvieron conversaciones con la empresa brasileña investigada por el caso Lava Jato.

Según el documento, Reynaldo Hilbck y el asesor jurídico concertaron temas de interpretación de contrato que finalmente motivaron el inicio de los arbitrajes.

Estas están referidas a cuatro ampliaciones de plazo por 365 días calendario que fueron aprobadas a favor de Camargo Correa.

Asimismo, ambos funcionarios consintieron acuerdos sobre las controversias no incluidas en el proceso de arbitraje, como la aprobación de una indemnización por la elaboración de los planos de los accesos viales por un concepto de 47% de S/16’367,876; y la validación de tres ampliaciones de plazo.

“Se advierte que los funcionarios consideraron acuerdos sobre la indemnización, la cual fue generada por la nulidad del adicional de la obra que fue aprobado por el gerente de la entidad, cuando debió ser remitido por el presidente regional (Javier Atkins)”, se lee textualmente en el informe del órgano de control.

LO ACEPTA

Sobre los acuerdos que terminaron perjudicando al gobierno regional, el entonces presidente del directorio, Reynaldo Hilbck, en sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Peihap manifestó que “efectivamente se han sostenido reuniones y conversaciones con los representantes de la empresa contratista Camargo Correa, en las cuales se ha logrado acuerdos considerando que resultan beneficiosos a los intereses de la entidad, y para la estabilidad presente y futura del proyecto”.

El monto total acordado entre la empresa investigada por el caso Lava Jato y los dos funcionarios por los conceptos de ampliaciones indebidas, gastos generales e indemnización, ha causado un perjuicio económico al Estado de S/11’345 094.

Aunque Hilbck ha señalado que no tenía injerencia en la parte ejecutiva ni en la administración pública porque el directorio tiene funciones de promoción e información y está conformado por personas que no son especialistas, el informe de auditoría sí considera que tuvo responsabilidad.

“Como miembro del Consejo Directivo del Peihap ha incumplido lo dispuesto en el artículo 7° del Manual de Operaciones de la Entidad, cuya función como miembro máximo es de supervisar y velar por la marcha institucional y administrativa del proyecto, asumiendo la responsabilidad por los acuerdos adoptados”, indica el documento.

Asimismo, agrega que “su participación directa en la adopción de acuerdos con la contratista sobre las ampliaciones de plazo 7,8,9,10, las mismas que no se efectuaron bajo criterios técnicos, por llegar a acuerdos en la indemnización, a pesar que a la fecha de la toma de esos acuerdos el contratista no los había solicitado, y por no tener en cuentan que quien ejerce la defensa de los intereses del Estado es la Procuraduría, en clara intromisión en sus funciones generó que se le pague al contratista S/11’345,094, en perjuicio económico a la entidad”.

Por ello, la comisión auditora concluyó que se ha configurado la presunta responsabilidad administrativa y penal por la existencia de elementos que denotan la comisión del delito de negociación incompatible.

DENUNCIA

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió investigación preliminar por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo a Reynaldo Hilbck Guzmán, como presidente del directorio del proyecto Alto Piura, al exgerente general, Pedro Mendoza Guerrero, y la procuradora pública regional Rosa Chinchay.

El delito está relacionado con la ejecución de la obra “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del proyecto Alto Piura” cuando estuvo a cargo de Camargo Correa.

La investigación del Ministerio Público se inició en julio del 2017 y vence en marzo del presente año.

MAS IRREGULARIDADES

El informe también revela que otros siete exfuncionarios del Peihap favorecieron presuntamente a la empresa, causando un perjuicio económico total de S/19 millones.

Estas están referidas a la ampliación de plazo N° 7, la contratista solicita la ampliación por no poder acceder a la zona del frente de trabajo N° 2 por unos derrumbes en el tramo vial de la carretera San Miguel de El Faique-Chamelico.

La auditoria demuestra que las actividades programadas en esa zona no forman parte de la ruta crítica de la obra sino el frente 1, donde se concentraban los recursos.

Otra de las ampliaciones que entraron en el acuerdo se sustentaba en un bloqueo del acceso a la cantera Uchupata, por parte de los pobladores pero la empresa no sustento dicho impedimento.

Según el informe de Contraloría, los acuerdos a los que llegaron los funcionarios del Peihap y la contratista brasileña se establecieron sin coordinar con la Procuradora Pública Regional, Rosa Mercedes Chinchay Labrín, quien en este entonces ejercía la defensa de los intereses del Estado.

El informe de Contraloría que señala irregularidades parte de una auditoria realizada en el periodo mayo del 2010 a diciembre del 2013.

En el documento se recomienda se sancione administrativa y penalmente a los implicados en las irregularidades que terminaron favoreciendo a la empresa brasileña Camargo Correa.

El secretario Anticorrupción, Jaime Távara, indicó que el caso debía declararse como complejo y que la Fiscalía tendría que prestarle la debida atención a los hechos investigados.

Hace poco, Camargo Correa ganó un arbitraje al gobierno regional por S/67 millones.