Cuando los abogados de los imputados en la investigación seguida contra el alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena, se alistaban para instalar la audiencia de control de acusación, la sesión nuevamente se tuvo que postergar por una omisión del personal de la Procuraduría Pública de .

Esta vez no hubo abogado que faltó a la citación, aunque sí de los investigados cuya presencia no era obligatoria en las diligencias de este tipo, por lo que las condiciones estaban dadas para dar inicio a la audiencia de control.

No obstante, fue en ese momento en que el abogado Alberto Borea Odría, defensa del alcalde, levantó la mano para objetar a la Procuraduría Pública en razón que las partes no habían sido notificadas sobre la pretensión civil de la institución para con los investigados.

“La audiencia requería para que procediera que el actor civil estableciera cuál es su petitorio y cuáles son las razones que establece para pedir una suma (de dinero por concepto de indemnización). De eso tiene que correrse traslado a los acusados para que puedan hacer valer su derecho de defensa sobre ese extremo”, indicó el abogado a la salida de la audiencia.

Explicó que “como eso no se había hecho, como no se había corrido traslado y no se había pedido, además, de parte de la Procuradora ese pedido, entonces se ha tenido que programar para que le corra traslado a los abogados”, manifestó.

Acto seguido se dio por suspendida la audiencia siendo reprogramada para el próximo 24 de julio, a horas 2:30 p.m.

Ahora, la Procuraduría tendrá que presentar su requeremiento en el más breve plazo, para correr traslado a todos los acusados y estos puedan absolverlo u observarlo en un plazo de diez días.

Cabe precisar que el Ministerio Público requiere para el alcalde y su concuñada Maximina Granadino y demás involucrados en el presunto delito de colusión, una pena de 12 años de cárcel efectiva.

TAGS RELACIONADOS