Investigan a empresas contratadas por EPS Grau

Las empresas vinculadas a la familia Valenzuela, que ha ejecutado millonarias obras para la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau, vuelven a estar en el ojo de la tormenta por las presuntas irregularidades (presentación de cartas fianza sin validez, certificados y constancias falsas, etcétera) que se habrían cometido para ganar la licitación de dichos proyectos.

A la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura llegó un informe policial del Departamento Desconcentrado Contra la Corrupción, en el que se da cuenta de una investigación por las presuntas faltas cometidas en cuatro procesos de selección, otorgamiento de buena pro y la consiguiente suscripción de contratos.

REVELACIONES. Dicho documento, al que tuvo acceso Correo, indica que se han sucedido una serie de irregularidades de carácter penal que han permitido que las empresas se favorezcan con la adjudicación de las obras.

Inclusive, se señala que en el ilícito tuvieron participación los funcionarios y servidores de la EPS Grau encargados de las licitaciones.

Las faltas se habrían cometido en los proyectos “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de los AA.HH. La Primavera I, II y III etapa, urbanización San Antonio, Sagrado Corazón de Jesús y Almirante Miguel Grau - Castilla”; “Mejoramiento del colector principal de alcantarillado en la Av. Chulucanas entre las avenidas Circunvalación y El Tallán y desde el Dren Petroperú hacia la cámara San Martín - Piura”; Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas servidas hacia las lagunas de oxidación Tacalá - Castilla”; y “Mejoramiento y rehabilitación del colector principal de la avenida Félix Jaramillo - Sullana”.

FALSOS. En la primera obra, adjudicada al Consorcio La Primavera (conformado por A&J Inversiones SAC, Vías y Construcciones SAC y Corporación Valenzuela SAC), representada por Óscar Valenzuela Aparcana, se advierte que la Carta Fianza N° 000-166-100-114 de fecha 10 de enero del 2014 emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Soluciones Ltda. (vinculada a Rodolfo Orellana), no tenía validez legal.

También, que se habrían presentado documentos falsos, como constancias a favor de su personal técnico por servicios en otros proyectos (utilizadas para justificar la experiencia).

En el segundo proyecto, ganado por el Consorcio Tupa Amaru II (integrado por Corporación Valenzuela SAC, A&J Inversiones SAC, Casa Ejecutores SAC y Servicios Generales Car&Sa SAC), representado por Piero Valenzuela Aylas, también se habrían presentado constancias presuntamente fraguadas.

IGUALMENTE. Las mismas faltas se repetirían en la tercera obra, adjudicada al Consorcio Los Tallanes (conformado por Nevado - Salas Asociados SAC, Constructora CyJ Contratistas Generales SA y Alfil Constructores SAC), representado por Raquel Valenzuela Aparcana.

Asimismo, al contrastar las propuestas técnicas presentadas en los tres proyectos, se encontró que el Consorcio Túpac Amaru II incluyó un certificado de trabajo a favor de José Pereyra Araujo. Este documento consigna experiencia en la “obra Sedapal Los Olivos. Agua y alcantarillado desde el mes de marzo de 1995 hasta el mes de agosto de 1997”.

Pero en la propuesta del Consorcio La Primavera, el mismo certificado señala “obra Sedapal (...) hasta el 20 de agosto de 1997”.

El cambio daría luces de una adulteración del documento.

EVIDENCIAS. Lo mismo sucede con una constancia de trabajo emitida a favor del mismo profesional.

En la que presentó el Consorcio Túpac Amaru se dice que laboró como ingeniero asistente de una obra hasta septiembre del 2011; pero en la que entregó el Consorcio La Primavera se indica que lo hizo hasta el 08 de noviembre del 2013.

Respecto al proyecto del colector principal de Sullana, que ganó el Consorcio Jaramillo (integrado por Valenzuela Contratistas Generales SAC y Kased Kareem SG), se detectó que se presentó una copia de la constancia del Registro Nacional de Proveedores a nombre de la Valenzuela Contratistas Generales SAC vigente hasta julio del 2012, por lo que no tenía validez para la suscripción del contrato.

Asimismo, en el expediente que remitiera la EPS Grau a la Policía Anticorrupción en el marco de la investigación, se aprecia la no existencia de los documentos registrales que acrediten la vigencia de poder los ciudadanos Sherif Mahmoud Gaber Eltantawy y de Raquel Valenzuela Aparcana como representantes de las dos empresas que forman el consorcio.

Estos documentos eran obligatorios para la fase de apertura de sobre de propuesta técnica, así como para la suscripción del contrato.

Por otro lado, se recogió la declaración de la representante legal de la Constructora Fortaleza, que supuestamente había emitido constancias de trabajo a favor del personal del Consorcio Túpac Amaru. Con su testimonio, se determinó que dichos documentos carecen de validez.