La salud de los piuranos no es prioridad para las autoridades

El año pasado, la Contraloría realizó un operativo para verificar la situación en la que se encontraban los hospitales y centros de salud de la región y del país. Allí comprobó que la falta de presupuesto es uno de los principales factores que impiden que los nosocomios cuenten con más personal, logística e infraestructura, además de servicios importantes para la atención de los pacientes que se atienden diariamente.

No obstante, las autoridades poco o nada han hecho para subsanar o mejorar las condiciones en las que se atienden los usuarios, negándoles una atención adecuada y el acceso a un derecho fundamental que es la salud.

PRINCIPALES RIESGOS

Los auditores que se encargaron de recorrer los seis hospitales, cuatro del Minsa (Ministerio de Salud) y dos de EsSalud, concluyeron que el 76% de las recomendaciones expuestas en el primer operativo no fueron subsanadas.

Uno de los principales riesgos detectados es que el 100% de los hospitales visitados no tienen un código de alarma de emergencia para pacientes con Prioridad I (riesgo inminente de muerte) o este no está disponible, situación que podría afectar la oportunidad y calidad de la atención de estos pacientes y derivar en secuelas graves.

Es decir, la implementación de un botón de alarma que avise al médico o equipos de médicos que un paciente de la unidad de shock trauma que debe tener el hospital, necesita de atención urgente.

Otro de los riesgos detectados es que El 5.6% de los establecimientos públicos visitados no cuenta con los recursos humanos requeridos en la norma técnica vigente de manera suficiente para la atención en el Servicio de Emergencia.

También que, el 17% de establecimientos visitados carece de información correspondiente a presupuestos y gastos realizados en los mismos, lo que genera la posibilidad de afectar la calidad y oportunidad de la atención de los usuarios al limitar la toma de decisiones en los establecimientos de salud.

En el caso de los establecimientos de salud que sí cuentan con información de presupuestos y gastos, se comprobó que en los períodos 2017 y 2018 se destinó menos de la mitad al rubro de bienes, servicios y obras. También se detectó que el gasto destinado al rubro “Mantenimiento” fue solo del 1.3% del gasto total.

Sobre este punto, Arnaldo Vite, presidente de la Federación Médica de Piura, opinó que “se hacen modificaciones presupuestales que no van acorde con las necesidades (no se priorizan las necesidades), lo que falta acá es un mecanismo de control, de supervisión e incluso de compromiso de la dirección y de sus funcionarios y del equipo de gestión, de ser transparentes y de poder hacer la planificación y asignaciones presupuestales que corresponden”.

La Contraloría también observó que el 83.3% de los establecimientos de salud públicos visitados carece de una resolución de categorización vigente, situación que incumple el Decreto Supremo N° 013-2006-SA y afecta la calidad de atención de las referidas entidades.

Es decir, la mayoría de los hospitales no cuenta con su partida de nacimiento que indique su categoría.

“Todos los establecimientos están funcionando de acuerdo a cómo van resolviendo sus problemas. El Santa Rosa es un en realidad un hospital de nivel II-1 que está funcionando como II-2, pero que en estos momentos está tratando de dar solución como establecimiento de nivel III”, opinó Vite Quiroga.

De la misma opinión es el congresista Hernando Cevallos, quien dijo que al hospital Santa Rosa se le asigna presupuesto para uno de nivel II-1 cuando es de nivel II-2.

“Tuve una reunión con el gobernador regional, y tengo entendido que se están disponiendo las partidas para lanzarle un salvavidas al Santa Rosa de 3 millones 600 mil aproximadamente, que es lo que están requiriendo”, dijo Cevallos Flores.

Arnaldo Vite indicó que están solicitando una recategorización del hospital Santa Rosa debido a la construcción de los llamados hospitales estratégicos.

Una quinta observación de la Contraloría da cuenta que en el actual periodo 2019, las camas ”habilitadas” (camillas, sillas de ruedas, etc.) en el servicio de emergencia de los hospitales, constituyen más del 113.1% de las camas del área de observación en dichos servicios, lo cual afecta la calidad de atención brindada a los ciudadanos que acuden a estas entidades por ser informal e insegura.

El presidente de la Federación Médica opinó que esto debería ser al contrario, es decir, más camas para observación que para emergencias, “pero esto pasa por varios factores, porque no tenemos los ambientes suficientes como para tener más camas de observación, y que los pacientes no solo estén en las sillas de ruedas o camillas, sino que pasen a su verdadera cama de observación”.

Finalmente, la Contraloría advirtió que los establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel han reportado un incumplimiento del

17.8% de las horas médicas asignadas a la consulta externa. Esta situación viene afectando la oportunidad y la calidad en la atención de los ciudadanos que requieren acceder a una cita médica por consultorios externos.