El decano de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Wilmer Arévalo Nima, advirtió que la minería ilegal en Piura enfrenta limitaciones para su fiscalización debido a la falta de presupuesto y personal en la Dirección Regional de Energía y Minas. Según explicó, esta situación dificulta las intervenciones en las zonas donde se desarrolla esta actividad y requiere una mayor participación del Gobierno central para reforzar el control.

Arévalo señaló que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), implementado hace casi una década, no ha conseguido que una parte importante de los mineros inscritos complete el proceso de formalización. Añadió que los trámites documentarios pueden extenderse durante meses o años, mientras que operadores vinculados a la minería ilegal podrían aprovechar este mecanismo para encubrir sus actividades.

El especialista también expresó su preocupación por el origen y uso de explosivos en estas operaciones, debido a los riesgos que representan para la seguridad ciudadana. En esa línea, sostuvo que se necesita fortalecer la intervención estatal para combatir las actividades mineras que operan al margen de la ley.

El decano indicó que entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) desarrollan labores de supervisión dentro de sus competencias, principalmente en actividades formales. Sin embargo, señaló que enfrentar las operaciones ilegales requiere una estrategia que involucre directamente al Gobierno central y fortalezca las capacidades de las autoridades responsables.

Asimismo, consideró necesario mejorar la articulación entre los gobiernos locales, regionales y nacionales para establecer medidas de control y combatir la minería ilegal en Piura. Según manifestó, la falta de recursos y de personal limita la capacidad de respuesta de las autoridades regionales frente a esta problemática.

Arévalo explicó que la formalización de las actividades extractivas permitiría mejorar la recaudación de regalías y otros aportes al Estado, así como favorecer la transferencia de recursos a las regiones mediante mecanismos como el canon minero. Estos ingresos pueden contribuir al financiamiento de proyectos y servicios públicos en las zonas donde se extraen los recursos naturales.

Finalmente, planteó la necesidad de establecer una mesa de trabajo entre el Gobierno central y las autoridades regionales y locales para definir medidas frente a la minería ilegal y evaluar mecanismos que faciliten la formalización.