Nueva licitación para el proyecto Alto Piura

La evaluación que el Estudio Echecopar hizo al proyecto Alto Piura concluyó que no procede aplicar el artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, no se debe entregar el saldo de obra al postor que quedó en segundo lugar en la primera licitación.

Los informes a los que Correo tuvo acceso indican que debe convocarse un nuevo proceso de selección. También ponen en evidencia que el procedimiento que inició la anterior gestión regional para adjudicar la construcción de la presa y del túnel al Consorcio Alto Piura es ilegal.

SIN RAZONES. En la documentación se explica que solo puede convocarse al postor que ocupó el segundo lugar cuando la resolución de contrato se dio por un caso fortuito o de fuerza o mayor o por el incumplimiento de las partes. En este caso el motivo fue otro.

El fin de la relación contractual entre el gobierno regional y Camargo y Correa se debió a que las prestaciones adicionales superaron el 50% del monto contractual. De acuerdo al artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando esto sucede debe realizarse una nueva licitación.

“El procedimiento iniciado para ejecutar el saldo de obra aplicando el artículo 44° (…), así como los actos administrativos emitidos en el marco de este (…) son ilegales, pues han sido emitidos contraviniendo el mandato previsto en el artículo 208° (…) y, por tanto, adolecen de un vicio que permite declarar de oficio su nulidad en el plazo máximo de un año desde su consentimiento”, señala.

CAMINO LIBRE. Esta determinación le deja las puertas abiertas a la gestión de Reynaldo Hilbck Guzmán para dejar sin efecto todo lo actuado por su antecesor Javier Atkins Lerggios. Como por ejemplo, el acta de entendimiento para la firma del contrato para la ejecución del saldo de obra, ratificada mediante resolución ejecutiva regional N° 780-2014.

Tanto el acta de entendimiento y la resolución son declaradas como ilegales. Por lo tanto quedarían sin efecto, echando por tierra las pretensiones del Consorcio Alto Piura.

COMUNICACIÓN. El Estudio Echecopar también manifiesta que debe comunicarse al postor la imposibilidad jurídica de seguir adelante con el procedimiento para hacerse con las obras del primer componente. De esa manera, corroboran lo que desde el año pasado indicó la Contraloría General de la República mediante varias comunicaciones.

Cabe señalar que el análisis de la situación del Alto Piura, en el que ratificaron lo dicho por el organismo contralor del Estado, costó 39 mil 900 soles. En los próximos días, el directorio del proyecto tomará decisiones sobre el futuro de la megaobra hidroenergética, cuyo monto de inversión supera los 500 millones de soles.