Las empresas Obrainsa y Astaldi enfrentan investigaciones

El consorcio que ejecutaba el primer componente del Proyecto Alto Piura, conformado por las empresas Obrainsa y Astaldi, enfrenta investigaciones y demandas judiciales por proyectos de infraestructura pública no solo en el Perú sino también en otros países de Latinoamérica.

La empresa peruana Obrainsa forma parte del “Club de la Construcción”, junto a empresas brasileñas como Odebrecht, OAS, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, entre otras, que son investigadas por un equipo especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato.

De acuerdo a las investigaciones, estas empresas ganaron 25 contratos con Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y comunicaciones, por un monto de 9 mil millones de soles. Los proyectos fueron adjudicados entre los años 2011 y 2014.

Un colaborador eficaz señaló al exasesor del viceministerio de Transportes, Carlos García Alcázar, como la persona que facilitaba que estas empresas lograran millonarios contratos. El exfuncionario se encuentra purgando prisión preventiva. El Poder Judicial también ordenó la captura con mandato de prisión preventiva contra representantes de estas empresas, incluyendo al gerente general Elard Paul Tejeda Moscoso de Obrainsa. Meses después, un hábeas corpus anuló esta orden.

Cabe resaltar que, según la Fiscalía Anticorrupción, de las cuatro obras adjudicadas a Obrainsa, Odebrecht intervino en consorcio en dos.

DEUDAS

Por otro lado, la empresa de origen italiano Astaldi, tiene 20 demandas en Chile por incumplimiento de pagos a distintos proveedores en ocho proyectos. Con la empresa Relsa mantiene una deuda de US $283 millones, mientras que en la construcción de un hospital tienen incumplimiento de pago por 11 millones de dólares con los proveedores.

Los empresarios defraudados han protestado en ese país en contra de Astaldi y esta ha prometido que hará efectivos los pagos.

Sin embargo, el caso más emblemático sobre el actuar de Astaldi ha sido denunciado en el país de San Salvador.

Astaldi inició la ejecución de la presa El Chaparral en el año 2008 y, tras paralizar los trabajos aduciendo imprevistos, recibió por parte del gobierno salvadoreño 108 millones de dólares, como si hubiera ejecutado casi el 50% de la obra, cuando en realidad el avance fue del 30%.

De acuerdo a las investigaciones, los argumentos de la empresa para abandonar los trabajos no tenían sustento técnico.

En México, las empresas nacionales de la industria de la construcción criticaron que Astaldi haya ganado la licitación de un proyecto de un centro terminal terrestre en mayo de este año, pese a tener antecedentes de problemas financieros.

EN PIURA

En la región Piura, el consorcio firmó contrato para la ejecución del primer componente del Proyecto Alto Piura en diciembre del 2015.

Tres años después, la empresa abandonó los trabajos señalando falta de solvencia económica pese a que el Gobierno Regional de Piura cumplió con el pago de las valorizaciones. La decisión que adoptó el gobierno regional fue iniciar la intervención económica con la apertura de una cuenta mancomunada. Luego de que el consorcio no depositara 20 millones de soles, el gobierno regional resolvió el contrato. Sin embargo, el consorcio logró una medida cautelar para que el Alto Piura no ejecute las cartas fianza.

Ante esta situación, el consejero Oscar Echegaray Albán indicó que las autoridades regionales tienen responsabilidad por no tomar las previsiones necesarios al conocer los antecedentes de las empresas consorciadas.

“El gobernador Reynaldo Hilbck, el gerente del Peihap Marco Vargas, y la supervisión encubrieron a Obrainsa Astaldi, se han hecho de la vista gorda sobre estas noticias sobre deudas e investigaciones y les han dado todas las facilidades para que sigan interponiendo arbitrajes”, manifestó.

Para el consejero delegado, el Ministerio Público y la comisión parlamentaria del caso “Lava Jato” deben investigar el retraso en la resolución debido a que se han perdido millones de soles del erario público.

“Si el gobierno regional hubiera resuelto el contrato desde que la empresa solicitó la primera ampliación millonaria, no tendríamos que enfrentar los arbitrajes ni deudas a proveedores”, dijo Echegaray.

El consejero Hermer Alzamora dijo que el gobierno regional tenía que haber verificado los antecedentes de la empresa que participaba en la licitación.

“Se ha conformado una comisión en el Consejo Regional que evaluará si el retraso en la resolución ha sido intencional o está de acuerdo a los plazos de ley”, declaró Alzamora.