Ocho meses de prórroga en la investigación del Alto Piura
Ocho meses de prórroga en la investigación del Alto Piura

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de  ha solicitado la prórroga del plazo de la investigación seguida a los exgobernadores regionales Reynaldo Hilbck y Javier Atkins Lerggios, en el caso del presunto favorecimiento a la empresa brasileña Camargo Correa.

Como se sabe, la constructora tuvo a cargo el proyecto del Alto Piura y no avanzó sino los accesos, pero nada del túnel de trasvase ni de la presa.

En tanto, todavía sigue pendiente de fallo el recurso de “excepción de improcedencia de acción”, planteado por Hilbck, quien alega que no incurrió en delito.

También la apelación, formulada por un representante de la contratista, contra la resolución del juzgado que otorgó la calidad de actor civil a la Procuraduría Pública Ad Hoc para la Defensa del Estado en las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos, en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras.

AMPLIACIÓN

Mediante documento, la fiscal Jennifer Fernández, a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Piura, ha requerido la prórroga de la investigación preparatoria por el plazo de ocho meses por tratarse de un caso complejo.

Esto, con el fin de que se realicen diligencias pendientes y se recabe documentación faltante en este caso, referido a la aprobación de ampliaciones y una indemnización, que favorecieron a Camargo Correa solo en el 2012, cuando Atkins era gobernador regional y Hilbck el presidente del directorio del proyecto.

PENDIENTES

Así, aún no se han concretado las declaraciones de varios exfuncionarios y exdirectivos del proyecto Alto Piura, investigados como presuntos autores del delito de colusión agravada y alternativamente del delito de negociación incompatible.

También falta recabar las declaraciones de los extranjeros José Alves Pereyra Neto, Bernard Torres, Julimar Saito y Eduardo Moraes Passos Paes Barros, como representantes legales de Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., sucursal Perú, sindicados como presuntos cómplices primarios del delito de colusión agravada.

Para ello, se ha oficiado a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

Aparte, aún no se tiene la pericia de Ingeniería Civil, que ha sido ordenada en el trámite de la investigación y que la tiene a cargo el perito Juan Carlos Frías Lizama.

Tampoco la pericia contable, para lo cual la Gerencia Administrativa del Ministerio Público de Piura todavía no ha designado al perito que tendrá a cargo su elaboración.

El pedido de prórroga data del 8 de marzo de este año y está en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, a cargo del juez Cristian Azabache, que ha programado audiencia para el 6 de mayo del 2019, a partir de las 2:00 de la tarde, con el propósito de resolver la solicitud del Ministerio Público.

ACTOR CIVIL

Mediante resolución No. 8, del 28 de enero del 2019, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción aceptó la solicitud de constitución como actor civil de la Procuraduría Pública Ad Hoc para las investigaciones vinculadas a delitos en que habría incurrido la empresa Odebrecht y otras.

Pero, la defensa del imputado Eduardo Moraess Passos Paes Barros, apoderado de Camargo Correa, impugnó dicha resolución, con lo cual el tema pasó a la Tercera Sala Penal de Apelaciones.

La audiencia de apelación se realizó el 26 de marzo y se está a la espera de la decisión de los jueces superiores Andrés Villalta Pulache, Jorge Ruíz Arias y Edwin Culquicondor en torno a esta controversia.

TERCEROS RESPONSABLES

Pero, los miembros de la Procuraduría Pública Ad Hoc para los casos vinculados a Odebrecht y otras empresas no se ha quedado de brazos cruzados.

El 25 de marzo del 2019 ha solicitado la incorporación de terceros civilmente responsables y el 27 de marzo el Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción admitió a trámite la solicitud, en este caso presentada por la abogada Nory Marilyn Vega Caro.

El pedido está referido a la inclusión de las empresas Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. y su sucursal de Perú, y a las integrantes del Consorcio Supervisión Alto Piura, que son Lahmeyer Agua y Energía S.A., que cambió de razón social por Agua y Energía Ingenieros Consultores S.A., así como Energoprojekt Hidroinzenjering S.A. y Técnica y Proyectos S.A. y sus sucursales de Perú.

En consecuencia, el juzgado ha dispuesto se notifique el escrito al Ministerio Público, imputados, agraviados y a las empresas aludidas.

RECURSO
En tanto, desde octubre del 2018, cuando el juzgado admitió a trámite el recurso, hasta ahora está pendiente la audiencia para resolver el recurso, denominado “excepción de improcedencia de acción”, planteada por Reynaldo Hilbck.

El expresidente del directorio del Alto Piura alega que el consejo directivo solamente aprobó una propuesta de acuerdo, que fue remitida al Gobierno Regional, para que finalmente sea el que tome la decisión que corresponda, en relación con las controversias suscitadas con la contratista.

Además, sostiene que como presidente del directorio nunca infringió las competencias que le correspondían.

La audiencia no se pudo realizar el 25 de marzo. En los días previos, la representante del Ministerio Público presentó un documento, en el que advertía de la imposibilidad de concurrir a la diligencia.

Por ello, se fijó como nueva fecha este viernes, a partir de las 2:00 de la tarde, debido a la recargada agenda del juzgado.

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