El último informe de la Defensoría del Pueblo señala que en la región Piura existen siete conflictos sociales activos, entre socioambientales y de competencia del gobierno regional y de los municipios, además de otros cuatro que permanecen por algún tiempo latentes, pero que hasta la fecha no se han resuelto y que pueden perjudicar el desarrollo de la región.
A nivel nacional, Piura ocupa el sexto lugar en conflictos sociales, de un total de 138.
Para algunos especialistas, estos conflictos no son más que el resultado de lo mal que han sido manejados por las autoridades, así como por la falta de información de la cual se han aprovechado algunas personas o ciertas organizaciones, para inducir a la población a tomar decisiones que los perjudican.
CONFLICTOS ACTIVOS
Uno de los conflictos más antiguos que data del 2007 es el del proyecto Río Blanco (ex Majaz), ubicado en el distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba. Aquí, las comunidades cercanas se oponen a la explotación de minerales como el cobre y oro porque aducen, que contaminaría las fuentes de agua.Por este tema ya han fallecido varias personas, entre pobladores y trabajadores. La última actividad de los comuneros se realizó el 12 de junio con una marcha organizada por las rondas y comunidades campesinas de la provincia de Ayabaca. Por el momento no hay diálogo.
Otro de los conflictos es el que ha generado la quema de los restos de la caña de azúcar por parte de la empresa Agroaurora, dedicada a la producción de etanol. Los afectados son los pobladores de los distritos de La Huaca y de Miguel Checa.
Los damnificados por las inundaciones en el 2017 también han protagonizado un conflicto social. Ellos reclaman al Gobierno Regional de Piura la provisión de los servicios de saneamiento, educación, salud, la rehabilitación de las vías de comunicación terrestre y el saneamiento legal de los terrenos que actualmente ocupan.
También la construcción y reforzamiento de los diques del río Piura. Para calmar estos reclamos, la Autoridad de la Reconstrucción Con Cambios cedió como unidad ejecutora a la Municipalidad de Piura los trabajos de reforzamiento de estas defensas, aunque los pobladores no están de acuerdo, y piden que sea el Proyecto Chira Piura el que los tenga a cargo.
La renegociación del contrato de usufructo, superficie y servidumbre que suscribieron la comunidad campesina San Martín de Sechura y la Compañía Minera Miski Mayo también ha generado un conflicto con los pobladores. Ellos exigen la renegociación del mismo.
Igualmente, la aprobación del anillo vial para los mototaxistas también generó un conflicto entre estos transportadores y la municipalidad. Ellos reclaman la reducción de dicho cerco vial porque les perjudica económicamente.
Finalmente, la empresa Olympic ha sido objeto de los reclamos de los pobladores de La Tortuga y de La Bocana e Isla San Lorenzo.
Los primeros reclaman que la empresa construya la carretera Paita-La Tortuga, ejecute el proyecto de agua y alcantarillado, la provisión de gas domiciliario y la construcción de un rompe olas, en tanto La Bocana e Isla San Lorenzo reclaman que la empresa los indemnice por presuntos daños ocasionados a la salud de las personas y a la actividad agrícola en la zona, como consecuencia de una fuga de gas de uno de sus pozos.
EL ESPECIALISTA
Para el economista y asesor de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco), Humberto Correa Cánova, el mal uso de los recursos y el engaño del que ha sido objeto la población por parte de las autoridades, ha generado este tipo de conflictos que afectan la economía de la región.“No se usan bien los recursos y la gente tiene la sensación de que no se ha hecho nada. Hemos tenido, por ejemplo, en los últimos ocho años, 2,800 millones de dólares como canon y no sabemos dónde están”, indicó Correa Cánova.
Refiriéndose al problema de la quema de caña, dijo que el caso es parecido al de Las Bambas, “donde la población había dado autorización, pero en el camino la empresa cambia de dueño y desconoce los acuerdos, y el gobierno central cede a la presión de la empresa que quiere ganar más, y en vez de sacar el mineral por un ducto, lo hace por ruedas y viene todo el conflicto y la contaminación, ahí la población tiene razón, el que fracasó es el Estado, en el caso de la caña, hay medidas ambientales que tienen que cumplirse, esto genera un clima de malestar innecesario que va a ahuyentar las inversiones, en otras áreas”.
“Aquí todos somos culpables, porque en el Perú no hay institucionalidad, no respetamos acuerdos, y todos queremos hacer la del vivo”, acotó Humberto Correa.

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BVY5WKOVF5GQ5OHQ5BEBQC3Y4M.jpg)
