El consejero delegado, Óscar Echegaray, dijo que se reserva el derecho de quejar a los fiscales, incluyendo a su presidente.
¿Qué opina de la prescripción de los casos en Educación?
Estas prescripciones denotan el tráfico de influencias que hay entre los funcionarios, porque quien está en la dirección de los procesos ha logrado que quede impune en la falta que se le denunció. Esto es algo repetitivo en todas las áreas.
Esta gestión para nada ha implantado una política de transparencia, ni de anticorrupción, las palabras que dijo el gobernador se las ha llevado el viento, es una gran mentira que él ha luchado contra la corrupción.
¿Son muchos los casos que están en riesgo de que prescriban?
Estamos hablando no de uno o dos casos, hablamos de más de un centenar en una sola sede, eso denota que hay demasiadas irregularidades, no se cual es la labor que hacen los abogados, porque la comisión tiene quien los asesore, y también la secretaría de procesos administrativos disciplinarios.
¿Qué debió hacer el gobernador?
Lo correcto es poner mano dura, separar a las personas cuestionadas y colocar a gente que se dedique a hacer su labor, se le paga por investigar y llegar a un resultado, y se sanciona o se absuelve, nadie está diciendo que son culpables, pero lo que sí está quedando claro en estas prescripciones es la impunidad. Es una lavada a manos.
¿Cuál es el futuro que avizora en el resto de casos que se investigan?
Lo que queda es que alguien derive esas resoluciones al Ministerio Público con los informes, para que el fiscal de turno investigue por un presunto delito de omisión de actos funcionales.
Aún están pendientes los procesos contra los exdirectores de las UGEL
Claro, por eso exijo al gobernador regional que por lo menos se tome el trabajo de ser veraz en sus palabras, dice que está luchando contra la corrupción, vemos todo lo contrario, lo que tiene que hacer es dar la disposición para que se investigue y se sancione a estos señores que dejaron prescribir, y a los que no se les ha sancionado, que él de oficio con un memorando le diga al gerente que disponga se inicien los procesos, y que en la vía administrativa se determine si hubo o no responsabilidad.
¿Hace más de un año denunció la prescripción de casos?
De manera sorprendente, estos casos que le envié al doctor Castañeda en julio del año 2017, recién hace dos días me han notificado con la disposición fiscal, que recién se está iniciando.
En ese tiempo envié algo de 90 procesos prescritos a la Fiscalía, eso es muy grave, denota que es un blindaje político que va a las esferas del Ministerio Público.
Ellos quieren que la investigación prescriba también en la acción penal, y prácticamente que todo quede impune, tanto en lo administrativo como lo penal ¿y quienes lo hacen? Los fiscales, cuando el Código Procesal Penal dice que el fiscal tiene 30 días para calificar.
¿Tomará alguna acción contra el Ministerio Público?
A mí nada me costaría quejar a todos los fiscales que han tenido que ver en este proceso, quejarlos por inconducta funcional. Ahora los funcionarios del gobierno blindan políticamente de manera administrativa, pero en la Fiscalía también estarían blindando para que ni siquiera se les investigue en al vía penal ¿Dónde estamos? ¿En Sodoma y Gomorra? ¿En el imperio de la impunidad? me da a pensar eso porque recién me están notificando. Me reservo el derecho de quejar a los fiscales, desde el presidente y los que han tenido que ver en todo este proceso.

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