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En problemas. El director regional de Educación, Pedro Periche Querevalú, continúa en el ojo de la tormenta, a causa del pago que el mismo firmó a su favor por 19 mil 950 soles, por lo que ahora tendrá que afrontar un proceso administrativo disciplinario.

Así lo confirmó el mandatario regional, Javier Atkins Lerggios, quien aclaró que esta medida no implica culpabilidad del funcionario en cuestión, no obstante, busca aclarar lo sucedido para descartar o probar la supuesta irregularidad.

ESCÁNDALO. Correo hizo pública la Resolución Directoral Regional N°5391, en la que el propio Pedro Periche abre las arcas del Estado para pagarse cerca de 20 mil soles por concepto de productividad.

Sin embargo, al percatarse del error, al que dice fue inducido por terceros, emitió una nueva resolución, que en lugar de poner paños fríos al asunto, lo complicó aún más.

“ES PEOR”. Se trata de la Resolución Directoral Regional N°6063, en cuyo artículo primero dispone revocar su firma de la resolución 5391, delegando tal función al administrador de la Dirección Regional de Educación de Piura (Drep), Francisco Remigio Arce Tapia.

Así como lee, solo retira su firma, más no desiste del pago, ya que, según declaró a este matutino, por ser justo, le corresponde y hará prevalecer su derecho.

A SU FUNCIONARIO. En el artículo segundo de este documento, al que Correo tuvo acceso, Pedro Periche dispone, que, en lo sucesivo, la suscripción de actos administrativos que se emitan a favor de su persona, será por delegación, en otras palabras, lo firmará un subalterno.

PIDE EXPLICACIONES. El mandatario Javier Atkins lamentó este carrusel de fallas en el procedimiento administrativo, y ordenó inmediatamente al gerente regional de Desarrollo Social, Tomás Flores Noriega, poner bajo la lupa la conducta del director de Educación.

“No es posible que un funcionario se auto firme una resolución. Si es que ha sido sorprendido el señor Periche o no, él tendrá que dar sus declaraciones dentro del proceso administrativo, que no significa que lo estemos inculpando, sino que él explique qué ha pasado para que quede claro”, explicó el mandatario.

HAY OTROS CASOS. En su defensa, Pedro Periche dijo ante los periodistas que, así como él, otros directores también firmaron resoluciones para pagarse ellos mismos. ¡Vaya revelación!

El director regional sostuvo que Francisco Arnao Tavara, mediante Resolución Directoral Regional (RDR) N°445 se firmó un beneficio que es legal, el 17 de febrero del 2014; el 9 de enero del 2013 con RDR N° 318 María Victoria Madrid Mendoza, también se firma su beneficio. Es legal.

Periche Querevalú señaló que la Drep, en aras de la transparencia y la ética, ha definido que el director regional ya no debe firmar las resoluciones en que tenga un derecho ganado.

Además, afirma haber sido autorizado para tomar esta medida.

“Me ha autorizado el gobierno regional que cuando corresponda a mí un derecho ganado lo firme otro directivo”, alegó.

NO LE CUADRA. A pesar de ello, el presidente regional dijo lo siguiente: “Pues, eso es más de lo mismo, es peor. Pero ya el señor Tomás Flores (gerente de Desarrollo Social) desde ayer (jueves) ha tenido una reunión con el señor Periche, pero yo, a raíz de la información de Correo le he pedido que inicie el proceso”, confirmó Atkins Lerggios.

SE PRONUNCIA. En diálogo con Correo, el dirigente sutepista Miguel Puescas Rodríguez calificó como un “acto criminal” que un grupo de funcionarios se hayan aprovechado del cargo para pagarse sumas considerables de dinero, mientras los profesores luchan judicialmente por este derecho.

Además, alertó que existiría más funcionarios implicados en este accionar, entre ellos personal de la Dirección Regional de Educación.

“Si se han cobrado de la 037, si bien es cierto les corresponde, es injusto que los profesores estén mendigando por 200 soles, 500 soles, pero que ellos si se paguen estas sumas de dinero. Es censurable, tanto lo de Pedro Periche como de otros directores, que se han aprovechado del poder”, reprochó Miguel Puescas.

Adelantó que en los próximos días darán a conocer otros actos de supuesta corrupción acontecidos en este sector, siempre problemático.