Piura: Dictan prisión preventiva por adquirir y transportar especie protegida

El titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Tributarios, Mercado y Ambientales de Piura, Christian Barnard Azabache Vidal, dictó prisión preventiva por el lapso de tres meses contra Asunción Ventura Cajusol (43), quien fue intervenido transportando quince metros cúbicos de la especie maderable de algarrobo. La medida significa la primera orden de prisión efectiva dictada para esta clase de delitos en el Distrito Judicial de Piura.

Hace unos días, Ventura Cajusol, quien es natural de Lambayeque, fue intervenido en la Vía Piura - Chiclayo, en la jurisdicción de Sechura, cuando conducía el camión de placa B3K-825 que contenía leña de algarrobo.

En el momento de la intervención, el investigado iba acompañado de tres personas, quienes se dieron a la fuga, luego en su manifestación Asunción Ventura manifestó que las personas que se dieron a la fuga le habían vendido la el producto ilegal y en ese momento lo ayudaban a salir del desierto, porque no conocía la ruta.

La solicitud de prisión preventiva la realizó la representante del Ministerio Público Silvia Carolina Rumiche Rochabrun, quien investiga a Ventura Cajusol como presunto autor del delito Contra los Recursos Naturales, en la modalidad de Tráfico Ilegal de Especies Forestales Maderables (por adquirir y transportar), en su forma agravada contra el Estado.

Por su parte, Azabache Vidal, manifestó que se encuentran coordinando con el Ministerio Público para realizar acciones de intervención en pollerías y locales que utilicen algarrobo o cualquier otra especie sin ninguna autorización, enfatizando que en toda la región Piura solo hay cinco licencias al respecto, sin embargo; estas no cubrirían más del 5% del algarrobo que se consume en todo el departamento.

Asimismo, explicó que las penas se han tornado más severas a raíz de las modificatorias realizadas a la norma penal, sobre todo cuando se trata de especies protegidas como el algarrobo, por lo que la pena probable a imponer sería de entre 8 a 10 años, por ser un recurso protegido.

También señaló que se ha logrado detectar permisos adulterados en algunos casos e invocó a los propietarios de los establecimientos que utilicen carbón de algarrobo, a regularizar su situación y a no comprar a personas que trafican con especies protegidas, sin las debidas autorizaciones para proveer y transportar el recurso maderable