El informe de Contraloría señala que cuatro extrabajadores habrían incurrido en presuntas irregularidades que benefició a la contratista. El órgano de control recomienda al burgomaestre de Tambogrande y Procuraduría iniciar acciones legales.
El informe de Contraloría señala que cuatro extrabajadores habrían incurrido en presuntas irregularidades que benefició a la contratista. El órgano de control recomienda al burgomaestre de Tambogrande y Procuraduría iniciar acciones legales.

Cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Tambogrande estarían involucrados en presuntas irregularidades cometidas en la obra de “Mejoramiento del servicio de transitabilidad entre el tramo de la Progresiva 0+000 hasta la Progresiva 9+321 de los centros poblados CP-2 Cólera, San Martín CP3, Vallecito, 9 de Octubre y centro poblado de CP11″. Según la Contraloría, habrían incurrido en el pago de adelanto directo de esta obra, pese a que la solicitud se hizo de manera extemporánea.

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Notificación

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad de Tambogrande detectó las presuntas irregularidades y mediante el Informe de Control Específico N° 004-2021-2-2413, la Contraloría notificó al alcalde Alfredo Rengifo para que realice las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de dicha comuna que beneficiaron al contratista con S/ 320,961. Asimismo, al procurador público especializado en delitos de corrupción se le solicita iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados.

Los funcionarios involucrados en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades son Eloy Cisneros Casariego, en ese entonces gerente de Administración; Teodoro Ramos Yesquén (gerente municipal), José Calderón Cienfuegos (gerente de Servicios Técnicos de Ingeniería) y Pedro Maticorena Lozada (Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural). Contra ellos, se recomienda iniciar acciones administrativas y penales, de ser necesario.

El informe explica que se evidenció que, los funcionarios otorgaron al ganador de la buena pro, consorcio Vallecito, un adelanto directo pese a que fue solicitado de manera extemporánea, toda vez, que ya se había vencido el plazo establecido en las bases integradas del Proceso de Contratación Publica Especial; así como en las estipulaciones contractuales y en normativa de contrataciones vigente; aunado a ello, la solicitud no contenía la documentación obligatoria que la sustenta.

El documento detalla que el contratista contaba con ocho días siguientes a la firma del contrato, suscrito el 10 de setiembre de 2018, para solicitar el adelanto directo, siendo el plazo máximo hasta el 18 de setiembre de 2018, vencido ese plazo no procede la solicitud de dicho adelanto.

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No obstante, se advierte con carta N° 003-2018/CONS0RCI0 VALLECITO, del 23 de octubre de 2018 recibido el mismo día por la Gerencia de Servicios Técnicos de ingeniería, que el Contratista solicitó el pago del mencionado adelanto directo; para lo cual adjunta la carta fianza N° 3002018008159 de 15 de octubre de 2018 emitida por la empresa “AVLA Perú compañía de Seguros S.A”.

Asimismo, la comisión de control obtuvo el comprobante de pago de la página de SUNAT operaciones en línea, evidenciándose la Factura Electrónica N° E001-5 de 25 de octubre de 2018 emitida por Constructora Diemar E.I.R,L por el concepto de “adelanto directo de la obra “, por el importe de S/ 320,961 soles.

Ante esta situación, el exgerente de Servicios Técnicos de Ingeniería, José Calderón Cienfuegos, explicó que el adelanto se otorgó bajo los regímenes de la Ley de Contrataciones del Estado, para salvaguardar los intereses del Estado, y se realizó en cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento.

Explicó que desde el 9 de octubre empezó con las acciones y desde entonces procedió con la solicitud del adelanto directo, por lo que niega se halla hecho de manera extemporánea, ya que después de esa fecha se tuvo 14 días para este proceso.

“Acá no hay delito. Estuve de licencia un mes y cuando vuelvo ese 9 de octubre, nos encontramos que solo había contrato de los funcionarios que me antecedieron, no habían hecho el acta de entrega de terreno, entonces cuando yo entro, yo tenía al frente dos contrato, el contrato de la supervisión y el contrato de la ejecución, entonces como funcionario tomé la decisión de continuar el procedimiento para la ejecución de la obra, porque si yo negaba la continuidad, de repente se iba contra la entidad, afectando los intereses del Estado”, dijo Calderón.