Piura: Funcionarios con las barbas en remojo por caso “Km. 21”

Correo tuvo acceso a la Resolución N°002-2015-CG/INSN, fechada el 3 de agosto de 2015, de Contraloría General de la República (CGR), en la que resuelve iniciar procedimiento administrativo sancionador contra 18 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura (GRP) por supuestas irregularidades en la obra de construcción de la carretera Tambogrande, Kilómetro 21, de la vía Piura-Chulucanas.

En el extenso documento de 67 páginas, el órgano de control detalla las posibles sanciones a imponer a los investigados, entre los que se encuentra la exgerente general del GRP, Margarita Rosales Alvarado, que actualmente labora en el Gobierno Regional de Tacna.

PUNTUALMENTE. CGR dispone el inicio del proceso procedimiento administrativo sancionador, a fin de determinar la responsabilidad administrativa funcional incurrida en tres puntos específicos.

El primer punto se refiere al “sobredimensionamiento de la partida ‘corte de plataforma en material suelto’ y sobrevaloración de las partidas ‘transporte de material excedente’”, al ocasionar un perjuicio a la entidad por el monto de S/.1’538,125.75.

El segundo punto es la “ejecución de la obra bajo la modalidad de administración directa sin contar con los requisitos exigidos”, ocasionando un perjuicio a la entidad por demora en ejecución y mayores gastos generales.

Finalmente, el tercer punto en evaluación tiene que ver con el “incumplimiento de plazo contractual en el servicio de traslado de maquinaria, otorgamiento injustificado de ampliación de plazo en el servicio de reparación de maquinaria, y pago en exceso”. Esto ocasionó un perjuicio económico al GRP por S/.145,751.74.

En los tres casos Contraloría señala los perjuicios o daños ocasionados, e incluso consigna montos económicos, tras un detallado análisis, que en las primeras etapas de investigación consideró los descargos de los implicados.

DE ENTRE 18. En el proceso se encuentran inmersos el gerente de Infraestructura de la entidad regional, Richard Lescano Albán, así como el gerente subregional de Morropón-Huancabamba, Álvaro López Landi.

Respecto de Lescano Albán, se menciona que le dio conformidad al expediente técnico del proyecto en mención, con un valor referencial ascendente a S/.41’039,052.98 para la ejecución de la obra por administración directa.

“Sin observar la modalidad de ejecución considerada pese a que la entidad no cumplía con los requisitos necesarios establecidos en la normatividad vigente para tal fin. (...) al no contar con maquinaria y equipos suficientes y las condiciones requeridas, tampoco personal especializado ni el saneamiento de los terrenos para la obra (...)”.

Contraloría considera que la actuación del exfuncionario del gobierno de Javier Atkins Lerggios generó un grave perjuicio al Estado, por cuanto comprometió el uso de ingentes recursos financieros del gobierno regional, hasta por S/.41’039,052.98.

También menciona el pago de mayores gastos generales por S/.753,800.07.

Para Richard Lescano se baraja una posible sanción de inhabilitación no menor de uno (1) ni mayor de dos (2) años por emitir el informe N°972-2011/GRP-440330 del 20 de octubre del 2011, que aprueba el expediente técnico líneas arriba explicado.

COSA GRAVE. El órgano superior de control también resuelve iniciar proceso administrativo sancionador contra Álvaro López, quien de ser hallado responsable podría ser sancionado con inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de dos (2) ni mayor de cinco (5).

Se le atribuye responsabilidad en la emisión de documentos mediante los cuales se aprobó presupuesto adicional para la obra, también por otorgar conformidad del servicio de alquiler de planta chancadora, “a pesar que el contratista Servicios Generales Huza & Oña EIRL no cumplió con ejecutar la totalidad de la prestación señalada”, subraya Contraloría.

Se indica que esto generó el sobredimensionamiento de dos partidas -antes citadas-, generando sobrevaloración y un perjuicio económico por un total de un millón quinientos treinta y ocho mil ciento veinticinco con cincuenta y siete soles.

Por el servicio de alquiler de planta chancadora, parcialmente prestado, se generó un perjuicio ascendente a 56 mil 726.40 soles, se lee en la página 56 de la resolución N°002-2015-CG/INSN, del pasado 3 de agosto.

En cuanto a la exgerente general y gerente de Infraestructura del gobierno regional, Margarita Elena Rosales, Contraloría anuncia la posible sanción de inhabilitación no menor de uno (1) ni mayor de dos (2) años por tramitar el levantamiento de observaciones formuladas por la Dirección General de Políticas de Inversión (DGPI) al proyecto materia del proceso indagatorio.

“(...) variando la modalidad de ejecución de la obra, en mérito a los informes elaborados por las unidades orgánicas bajo su cargo, pese a no reunir los requisitos exigidos para dicha modalidad (...)”, advierte en la página 61 del expediente.

Asimismo, por haber emitido la Resolución Gerencial Regional N°213-2011/GOB.REG.PIURA-GRI, de 25 de octubre de 2011, aprobado el expediente técnico de dicho proyecto.

Se menciona que la suma de las acciones acontecidas en este caso, generaron, entre otros problemas, el pago de mayores gastos generales correspondientes al pago de planillas del residente, supervisor y personal que se contrató para la ejecución de la obra por 753 mil 800.07 soles.

El exjefe del Cesem del GRP, Sterlyn Martínez Gómez, también afronta una posible sanción de inhabilitación no menor de dos (2) ni mayor de cuatro (4) años por emitir los memorandos en los que se alcanzó la relación de la maquinaria operativa con que contaba la entidad.

“(...) incurriendo en falsedad de dichos documentos, al señalar expresamente que la maquinaria de la entidad cumple con el requerimiento de equipo mínimo solicitado en las bases de la licitación pública, con la cual se convocó inicialmente la ejecución de la obra (...)”.