Piura: Investigan irregularidades en procesos de selección del municipio de Ayabaca

Una serie de presuntas irregularidades en los procesos de selección para la adquisición de maquinaria pesada y ejecución de obras, convocados por la municipalidad de Ayabaca, vienen siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de Sullana.

En varios de los temas se tienen informes de Contraloría de la República, que en el caso de la reconstrucción de la infraestructura y equipamiento de un colegio estima un perjuicio económico de más de 250 mil soles por inaplicación de penalidades.

Entre los investigados, por presuntos delitos de colusión y otros, está el alcalde de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, así como diversos funcionarios de esa municipalidad de los años 2012 y 2014 y varios proveedores.

La denuncia inicial ante el Ministerio Público fue formulada por el ciudadano José Culquicondor Cajo.

MAQUINARIA. Uno de los hechos que investiga el fiscal Luis Ramos Rioja, de la Fiscalía Anticorrupción de Sullana, es la compra de maquinaria pesada a la empresa Komatsu en el 2012 por un monto de 2 millones 850 mil soles.

Aquí se cuestiona al alcalde Humberto Marchena, porque mediante resolución de Alcaldía No. 259-2012, del 16 de julio del 2012, desestimó la solicitud de nulidad del proceso de selección, presentada por el representante de Komatsu Mitsui Maquinaria Perú S.A., Juan Carlos Pastor Rodríguez, que tiene la calidad de testigo.

Sin embargo, de manera inesperada, cuatro días después y en pleno proceso de selección, el alcalde requiere un informe al ingeniero mecánico José Teófilo Periche Galán.

Esto es irregular, porque las especificaciones técnicas ya se encontraban debidamente establecidas desde la aprobación del expediente técnico, alega el fiscal en el documento, con el que formalizó la investigación preparatoria contra Marchena y otros.

Entonces, Marchena declaró la nulidad de oficio del proceso, convocando a uno nuevo, pero con las bases administrativas modificadas, en cuanto a los requerimientos técnicos, lo que dio lugar a trece observaciones por parte del postor Ferreyros SA.

Este postor solicita la nulidad del proceso, que Marchena desestimó. Finalmente, la empresa Komatsu Mitsui Maquinaria Perú SA se adjudica la buena pro.

El fiscal considera -en la formalización de la investigación- que Komatsu desde un inicio estuvo detrás de la modificación de los requerimientos técnicos y con la participación determinante del experto se habría terminado por favorecerlo en la licitación.

En este caso, también están investigados los integrantes del comité especial, que tuvo a cargo el proceso de selección.

PERJUICIO ECONÓMICO. La buena pro de la licitación 02-2012-MPA-CEAH para la reconstrucción de infraestructura y equipamiento de la I.E. 14173, del centro poblado La Ollería, Cujaca, distrito de Ayabaca, fue adjudicada al Consorcio Ollería por 2 millones 091 mil 188.53 soles.

Para este caso, el fiscal cuenta con la carpeta de control No. 080-2015-CG/Orpi-AC-CC, del 10 de setiembre del 2015.

La Oficina Regional de Control de Piura ha encontrado “injustificadas ampliaciones de plazo e inaplicación de penalidades”, que generaron un perjuicio económico por 254 mil 030.66 soles, se consigna en el documento fiscal.

Los funcionarios responsables de la ejecución y supervisión de la obra otorgaron ampliaciones de plazo, solicitadas por el consorcio, por 58 días calendario, aceptando causales que no correspondían.

Al decir del fiscal, las ampliaciones, concedida el 25 de julio del 2013, habrían servido para justificar la demora del consorcio en la ejecución de la obra y evitado la aplicación de las penalidades por mora.

Por este tema, el fiscal investiga a Luis Alberto Granda Tume, exdirector de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, y otros dos exfuncionarios ediles.

VÍNCULOS. La Oficina Regional de Contraloría también ha determinado que el proceso de adjudicación directa selectiva No. 07-2014-MPA-CEP para la ejecución del Mejoramiento del servicio de educación primaria en la IE 20640 del centro poblado La Florida, se realizó al margen de la normativa.

El Comité Especial Permanente admitió y evaluó la propuesta técnica y económica de Ingcoper SAC, que después ganó la buena pro con el monto de 427 mil 752.95 soles, a pesar de que no incluyó el equipo relacionado con la estación total, que formaba parte de los requerimientos técnicos mínimos, señalados en las bases administrativas del proceso, por lo que debió declararse desierto.

Pero, además de acuerdo con el informe de Contraloría y el documento fiscal habría un vínculo entre la empresa y el entonces presidente del Comité Especial, Víctor César Campos Hernández.

En la partida emitida por la Sunarp (Zona Registral de Chiclayo) se estableció como dirección de la empresa avenida Luis Gonzáles No. 1182, Chiclayo.

Según el documento fiscal, mediante consulta a Reniec se encontró que el gerente general de la empresa consignó esa misma dirección, que coincide con el domicilio señalado por el presidente del comité en los contratos que suscribió con la municipalidad.

Además, el contrato se suscribió fuera del plazo de ley, el 18 de julio de 2014, y en la valorización No. 1 de ejecución de la obra, del 18 al 31 de julio de 2014, se consideró mayores metrados a los realmente ejecutados, de acuerdo a Contraloría.