Más de 12 asentamientos de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre se abastecen a través de redes clandestinas de agua y alcantarillado, originando que la Empresa Prestadora de Servicios Grau (EPS Grau) deje de recaudar más de 58 mil soles en lo que va del año.
REDES CLANDESTINAS
Pese a que la región Piura ha sido declarada en estado de emergencia por déficit hídrico, en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre se han detectado varios asentamientos donde hurtan el agua a través de conexiones ilegales, perjudicando no solo a la EPS Grau, sino a la misma infraestructura hidráulica que no se abastece para dotar de la suficiente cantidad de agua a la población.
Solo en tres zonas que han sido intervenidas durante el mes de enero de este año, la población ha dejado de pagar a la empresa más de 58 mil soles, siendo la zona ubicada en los alrededores de Los Portales, Las Casuarinas con S/ 26,588, donde se intervino en 56 conectores y se recuperaron 16; cercado de Castilla S/10,000 y se identificó 39 puntos clandestinos; y en la urbanización El Bosque se ubicó 79 puntos por lo que la población deja de pagar casi S/ 22,203.
Los trabajos de conexión que se realizan de forma ilegal hacen que la infraestructura hidráulica se deteriore. Incluso, la empresa habría detectado zonas donde los vecinos han hecho conexiones en el alcantarillado, poniendo en riesgo a la población, ya que los residuos podrían llegar hasta las tuberías donde se distribuye el agua potable.
Además, en muchos sectores, sobre todo, en invasiones, se presentan aniegos y el colapso de este servicio a causa de las conexiones ilegales. Mientras que, en los AA.HH. Nuevo Castilla, Teresa de Calcuta, Asociación Pampas de Almirante Miguel Grau, Los Almendros, Las Dalias, La Molina, Nuevo Amanecer, Villa Perú-Canadá, Rosa de Guadalupe, UPIS Villa Hermosa, Vía de Evitamiento, la EPS Grau también reporta estas conexiones ilegales, y algunas ya son reincidentes.
INTERVENCIONES
La gerente comercial de la EPS Grau, Leidy Calva Morán, informó que pese a las intervenciones que se hacen en los sectores indicados, la población vuelve a reactivar estas conexiones. No obstante, anunció que desde la quincena de octubre se reactivarán los trabajos e intervendrán estos sectores a fin de evitar el robo de agua.
“Estamos haciendo una reactivación progresiva debido a la pandemia, pero primero hemos iniciado con una evaluación progresiva por la zona y validar estos sectores, ya que los que tienen red clandestina no son usuarios de la empresa; es decir, no se les ha dado luz verde”, precisó Clava Morán.
Asimismo, indicó que durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 se dejó de realizar estos operativos, ya que la población necesita de este líquido elemento, sin embargo, aclaró que están incurriendo en la ilegalidad por lo que exhortó a los vecinos a regularizar esta situación para evitar el corte del suministro de agua que consumen de manera clandestina.
“Muchos sectores que fueron identificados, la empresa ha regularizado este proceso, pues cientos de familias ya consumen el agua de manera formal, sin embargo, hay cientos de pobladores que hacen caso omiso a estos pedidos”, explicó.
En tanto, Calva Morán indicó que durante la emergencia, en el mes de agosto, se intervino en el A.H. Villa Perú Canadá después que la población se quedó sin agua por varios días.
“Los vecinos se quedaron sin el servicio por lo que tuvimos que intervenir, se identificó varios puntos, pese a que se les indica, hay algunos vecinos que todavía hurtan el agua. La empresa tiene que gastar para hacer estos operativos, solo aquí se invirtió 600 soles para poder retirar estas conexiones”, detalló.
Según indicó Calva Morán, la empresa invierte más de 16 mil soles mensuales cuando se realizan estas intervenciones, gastos que consisten en logística (maquinaria) y pagos a personal para realizar estos trabajos de desactivación de las redes clandestinas.
Finalmente, la empresa señaló que las intervenciones continuarán en todas las provincias de la región para lograr erradicar estas conexiones y evitar que la población que paga por el servicio se vea afectados por la informalidad.