Los ingenieros de Pronte cuestionan la calidad de los informes de Contraloría y explican que los retrasos en la obra se deben a la falta de celeridad del Gobierno Regional de Piura. En esta historia hay un organismo de control, una institución del Estado, una empresa y vecinos con quejas. La Contraloría General de la República, a través del hito de control N° 58, de julio de este año, identificó problemas en el proyecto que busca mejorar las pistas y veredas de la urbanización Miraflores.

Entre las distintas adversidades señaladas están: la falta de actualización en el registro del estado de la obra en el portal Infobras y el sistema de seguimiento de inversiones, lo que limita la transparencia y supervisión en obras públicas. La Contraloría ha emitido nueve informes en total, la empresa ejecutora Pronte aún no ha entregado la obra. Atribuye los retrasos a obstáculos burocráticos para la concesión de permisos del propio Gobierno Regional.

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El expediente técnico de la obra “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las calles de la urbanización Miraflores I, II y III etapa del distrito de Castilla” fue elaborado el año 2018 por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional, y su ejecución comenzó en julio del 2022.

El monto de inversión aprobado fue de 33′812,421 de soles, y debía concluir en un año.  Lo llamativo es que el proyecto no incluyó la recuperación de las avenidas principales de Miraflores.

Unos meses antes, el 4 de abril, la Contraloría, a través del hito de control N° 19, ya había observado una ausencia de actualización en el registro del progreso de la obra en Infobras y en el sistema de seguimiento de inversiones, lo que restringe la transparencia y supervisión en proyectos de obras públicas. Meses antes, el 29 de noviembre de 2022, el informe N° 061 señaló deficiencias técnicas en veredas y martillos debido a un control insuficiente, lo que ponía en peligro la calidad de la obra.

Por su parte, los vecinos de la urbanización muestran quejas sobre la ausencia de veredas, áreas verdes y rampas, que ha complicado significativamente la movilidad peatonal y ha generado dificultades para el estacionamiento de vehículos, ya que algunas cocheras no tienen  rampas. Además, en las calles y en los costados de los parques se ven restos de las construcciones de la obra, lo que ha alterado la estética del entorno y ha generado incomodidad para los residentes.

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El ingeniero residente de la obra, Ronald Ascoy, asegura que existen controles de calidad y que el avance de veredas era del 98 % hasta la quincena de septiembre.  Entretanto, el ingeniero Carlos Tafur, gerente de Operaciones de Pronte, dijo estar preocupado por la Contraloría y la calidad de sus informes.

Sospecha que algunos ingenieros “juniors” podrían inventar deficiencias para proteger sus empleos y que los informes a veces se hacen públicos sin una revisión detallada. Se refirió a la tardanza en la entrega de la obra en la zona cercana al colegio Don Bosco. Explicó que se debe a la existencia de capas de agua cercanas a la zona, lo que ha causado aumentos en costos y retrasos.

Sin embargo, existen otras observaciones hechas por la Contraloría. En su informe N° 015 del 2022, dijo que la entidad reguladora no revisó adecuadamente el contrato y que el contratista utilizó equipos y métodos diferentes, generando costos extras. Tafur asegura que han seguido el proceso y respetado las especificaciones técnicas señaladas en el expediente técnico.

En el informe N° 032, de mayo de este año, la Contraloría se refirió a las deficiencias en seguridad laboral y señalización en la obra, con posibles consecuencias económicas y de seguridad.

(Esta nota ha sido elaborada por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Colaboraron: Linda Alzamora y Ariana Gonzales, en redacción; Diego Garavito, Miguel Vásquez y Martín Mendoza, en investigación y Ana Córdova y Linda Alzamora, en fotografía).