Piura: Piden 12 años de cárcel para el alcalde de Ayabaca

La vida política del alcalde Ayabaca, en la región Piura, Humberto Marchena Villegas se ha visto eclipsada por las denuncias y supuestos ilícitos penales.

A lo largo de su carrera, la autoridad no ha estado ajena a las acusaciones por corrupción que atañen a su entorno íntimo. Ahora, hasta peligra su libertad.

Humberto Marchena ostenta poder por ser reelegido alcalde durante 27 años sucesivos. Primero lo hizo en la municipalidad de Lagunas, y luego escaló a la comuna ayabaquina, donde es el máximo representante.

Desde ese frente, se ha encargado de desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra, pintándose como un “perseguido político”, víctima de sus adversarios y oponentes. No obstante, la teoría fiscal se ha encargado de enrostrarle que sus denuncias si son serias y que existen elementos de fuerza para condenarlo.

UNA DE VARIAS. De los procesos penales que pesan sobre este personaje político, nos centraremos en la investigación que se encuentra en etapa de control de acusación. El caso se retrotrae al 13 de diciembre del 2013, cuando el Coordinador Regional de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios denunció a Marchena ante el Ministerio Público, por los delitos de negociación incompatible y colusión.

La denuncia fue aumentando de tono con el desarrollo de las pericias e informes de la Contraloría cuyo equipo veedor realizó una auditoría en la comuna hallando serios indicios en la contratación de 13 servicios para compra de materiales a una sola persona, quien además tiene un vínculo de parentesco con el alcalde.

La profesora Maximina Granadino Cunya fue favorecida con más de una docena de servicios durante los años 2011, 2012 y 2013. Para las autoridades, los contratos habrían sido orquestados con intereses nada santos con la complicidad de la proveedora, quien es concuñada de Marchena.

Sobre el hecho en sí, existen otros aspectos que refuerzan la teoría fiscal. La proveedora fue inhabilitada de manera definitiva por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentación falsa e inexacta. Lógico, la sanción fue después que la empresa celebró 13 contratos con la entidad altoandina.

En esa línea, para el próximo 13 de junio está previsto la audiencia de control de acusación donde se oralizará las condenas para cada uno de los acusados. La Fiscalía pide doce años de pena privativa de la libertad para el alcalde.

La defensa del alcalde a cargo del abogado Andrés Córdova Ramírez descalificó el argumento utilizado por la fiscalía, aseverando que no existe ilícito penal.

Para el abogado, la fiscalía no ha probado los delitos tipificados, en vista que sus elementos no son lo suficientemente sólidos y contundentes. Es decir no existen las pruebas que incriminen a Marchena en vista que hubo un comité de selección que calificó a los postores. Por ello, han alcanzado un planteamiento de excepción de improcedencia de acción que esta pendiente de resolver.