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Una catarsis experimentaron ayer decenas de pobladores de distintas provincias de la región de Piura, quienes deploraron la impunidad de la que gozan algunas autoridades políticas comprometidas en supuestos actos de corrupción.
HAY IMPUNIDAD. Los vecinos alzaron la voz para increpar la floja, por decir lo menos, actuación del Ministerio Público, Poder Judicial e incluso Contraloría General de la República, en relación a las investigaciones.
El escenario para el reclamo fue el salón de actos de la comuna piurana, en donde se llevó a cabo una sesión y audiencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
CON PALO. A los miembros de esta comisión también les salpicó el reclamo, entre ellos Santiago Gastañaduí Ramírez, e incluso, a parlamentarios piuranos que no la integran, como son: Leonidas Huayama y Marisol Espinoza.
Es más, a estos dos últimos los vincularon con autoridades inmersas en decenas de denuncias, tal es el caso de los alcaldes de Ayabaca y Chulucanas.
CASI TODOS. Una delegación de Chulucanas reveló que de 19 procesos contra el alcalde de esta provincia, José Montenegro, 17 han sido archivados por el Ministerio Público.
También alcanzaron un grueso expediente donde se daba a conocer supuestas irregularidades en la adquisición de maquinaria, que habría sido sobrevalorada.
INFALTABLE. Entre los casos se hizo mención del burgomaestre de Ayabaca, Humberto Marchena, así como la autoridad edil del distrito de Lagunas.
El legislador Yehude Simon Munaro aseguró a los vecinos que la próxima semana un grupo del Congreso, dependiente de la Comisión de Fiscalización, acudirá a Ayabaca para tomar cuenta de las denuncias.
Por su parte, el congresista Juan José Díaz Dios pidió cuentas a la Contraloría, a la vez que deploró que la Oficina Regional de Control Institucional del gobierno regional no tenga mayores avances en casos que datan de 2011.
Finalmente, indicó que solicitará mayores alcances, toda vez que existen procesos que “duermen el sueño de los justos”.
