Piura: Paralizan la ciudad por asesinatos en la mina de sal

Con quema de llantas, ramas y el bloqueo en el ingreso y salida de la provincia de Sechura se realizó el paro comunal para exigir justicia por la muerte del tercer comunero en los enfrentamientos por la administración de la mina de sal de la Comunidad Campesina de San Martín de Sechura. No hubo transporte público y la atención en el mercado fue a puerta cerrada, por temor a saqueos o algún enfrentamiento. Al cierre de la edición, el paro se mantenía en la provincia.

Paro

Desde las cero horas de ayer, los pobladores cerraron los accesos a la ciudad de Sechura, como medida de protesta para que los presuntos responsables intelectuales de la muerte del vigilante de la mina de sal, ocurrido el pasado 29 de setiembre, también se les dicten 9 meses de prisión preventiva. Ellos son: el presidente de la Comunidad Campesina San Martín, Hernán Espinoza Ayala; el administrador de la mina de sal, César Augusto Sandoval Morán y la jefa de personal de la dicha comunidad, Nancy Felicita Colmenares Juárez.

A pesar que los manifestantes fueron conminados a liberar las vías por parte de la Policía, se mantuvieron en el puente, donde solo se permitió el paso de emergencia.

También se colocó un piquete en la carretera industrial en Bayóvar, que conduce a la empresa minera Miski Mayo.

“Queremos nuevas elecciones porque las realizadas virtualmente han sido duramente cuestionadas. Esperamos que se depongan algunas actitudes por la paz, tranquilidad y desarrollo de Sechura. Se tiene que llamar a nuevas elecciones y acudir a la mesa de diálogo en el que participe el último presidente o el vicepresidente y mostrar la actitud de que quieren la paz en la comunidad”, manifestó el comunero, Medardo Vite.

La PCM

El Frente de Defensa de la Comunidad Campesina, a través de un pronunciamiento, solicitó que la Mesa de Diálogo deba estar presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros, con la participación del Ministerio de Justicia, congresistas, Sunarp, y otras instituciones.

También piden nuevas elecciones en la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, investigación y sanción para los autores materiales e intelectuales de las tres muertes, cierre temporal de las minas de sal, entre otros.

Conflicto

El representante de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego Azula, precisó que esta clase de conflicto es poco frecuente en una comunidad campesina, el cual se ha convertido en un problema de inseguridad ciudadana.

“Desde la Defensoría hemos venido insistiendo en que este tema supone no solo un conflicto social sino de inseguridad ciudadana en la zona, que debe ser atendido rápidamente por las autoridades del gobierno regional”, remarcó Orrego.

Precisó que las instituciones tienen la obligación de gestionar la solución a este conflicto de la comunidad porque está generando consecuencias, como es la afectación de derechos fundamentales (3 personas muertas y heridas), la gobernabilidad de una comunidad, la desactivación de los parámetros de la paz y afecta el desarrollo de la comunidad y provincia en general.

“Es obligación del Estado el poder gestionar y por eso, la semana pasada, tras varias insistencias, se pudo sesionar en Sechura, para que las autoridades escuchen y atiendan el clamor de los pobladores y comuneros”, explicó Orrego.

Añadió que a lo largo de los años en las diferentes gestiones se han realizado varios cuestionamientos, como la realización de elecciones democráticas, transparentes con la participación de organizaciones que brinden legitimidad, la falta de rendición de cuentas y transparencia que arguyen muchos comuneros.

“En el ejercicio de las juntas directivas que han pasado por la comunidad deben privilegiarse dos principios: la rendición de cuentas y transparencia en la gestión, porque existen muchos y diversos recursos y es necesario que se implemente dentro de los estatutos comunales, niveles exigentes de transparencia y rendición de cuentas”, sentenció.

Recalcó que eso se debe dar a pesar de la autonomía de la Comunidad Campesina, lo cual no significa que no se ajusten al orden constitucional. “Tienen que cumplirse con el respeto a la participación ciudadana dentro de una comunidad, lo que incorpora criterios democráticos y rendición de cuentas y transparencia. No porque yo sea autónoma voy hacer lo que me parezca y romper el ordenamiento jurídico. El marco constitucional exige que tenga la elección y reglas implementadas dentro de la comunidad”, subrayó.

Persuadió a los líderes de la comunidad campesina a sentarse para dar una salida a este tema y acabar con este conflicto, que va dejando hasta el momento tres muertos.

“Cada institución tiene que velar para que este conflicto se pueda conducir por caminos democráticos y no por el camino de la muerte, enfrentamiento, violencia. Conflicto es distinto de violencia, no es muerte de personas, no es afectación de los derechos fundamentales, conflicto es un desacuerdo de algunas partes sobre un punto determinado y se tiene que dar solución a este conflicto que ha escalado a niveles muy graves, con la participación de armas de fuego, que no se ha visto nunca”, enfatizó.

Audiencia

Para hoy a las 9:00 de la mañana, la jueza del Juzgado de Paz Letrado con funciones de Investigación Preparatoria de Sechura, Rocío Flores Espinoza, leerá la resolución en la que decidirá si acepta o no el pedido de prisión preventiva por 9 meses solicitado por la Fiscalía contra el presidente de la Comunidad Campesina San Martín, Hernán Espinoza Ayala; el administrador de la mina de sal, César Sandoval Morán y la jefa de personal de la dicha comunidad, Nancy Colmenares Juárez.