La camioneta debía recorrer caminos para supervisar obras. Su alquiler terminó abriendo otra ruta: la del vínculo familiar del entonces coordinador de Provías Descentralizado en Piura, Carlos Edgardo Jacinto Ubillús. Tras revisar pagos por S/ 69,350, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal por una contratación que, según sus hallazgos, favoreció al entorno del funcionario.
PAPELITO MANDA. La primera huella quedó en siete órdenes de servicio emitidas en 2022 a favor de CCABA GLOBAL S.A.C. La camioneta P4I-828 fue contratada para inspeccionar y liquidar la carretera Leones–Pilares, en Lancones, realizar monitoreo y trasladar funcionarios. Su registro reveló el hilo que conducía al entorno familiar del coordinador.
El vehículo pertenecía a J & M Contratistas Consultores y Servicios Generales S.R.L., empresa que Jacinto Ubillús había fundado y de la que fue subgerente. En 2014 transfirió todas sus participaciones a Marcela del Águila Saboya, madre de su hijo, quien quedó como socia mayoritaria.
El funcionario pasó por distintas “estaciones”: términos de referencia, órdenes de servicio, conformidades y pagos. Para la Contraloría, debió transparentar su relación y apartarse. En ese recorrido, el interés familiar habría compartido el volante con el deber de proteger el dinero público.
La contratación tuvo un intermediario cercano. Orlando Ayala Bustamante, socio fundador y gerente de CCABA GLOBAL, también prestaba servicios técnicos bajo la dependencia funcional de Jacinto. Sus contrataciones personales sumaron S/ 121.166,67 entre 2022 y 2023. El informe lo señala como presunto tercero partícipe.
La comisión advierte un círculo: el coordinador intervenía en contrataciones de Ayala y en el alquiler que su empresa ofrecía con un vehículo de la sociedad vinculada a la madre de su hijo. Según el órgano de control, esa concurrencia configura indicios de un beneficio recíproco que excedería una relación ordinaria con un proveedor.
Los papeles también dejaron varios vacíos. Ninguno de los cinco términos de referencia revisados exigió acreditar la propiedad del vehículo, pese a la normativa interna. CCABA reconoció que no era propietaria y presentó un contrato privado de alquiler por 60 días, sin chofer. La comisión observó que carecía de fecha cierta.
El conductor fue otra pieza sin suficiente respaldo. La empresa identificó a Óscar Fidel Velarde Tello, pero no presentó registros de asistencia ni pagos documentados. Dijo que le pagaba en efectivo y que los periodos eran referenciales. Tres servidores manifestaron no conocerlo; una declaró que la camioneta llegaba o salía de la sede mayormente al mando de Jacinto o Ayala.
Tampoco aparecieron hojas de ruta, partes diarios o bitácoras que sustentaran la participación efectiva del chofer. Aun así, se emitieron conformidades y se pagó. Al administrador José Alberto Romero Rodríguez se le cuestiona no verificar el sustento del gasto; el informe advierte que la potestad disciplinaria habría prescrito.
Jacinto alegó que solo formulaba la necesidad técnica y que se había desvinculado de J & M en 2014. La comisión consideró que sus descargos no desvirtuaban su intervención ni el vínculo familiar.
