Piura: Sospechosos requisitos para carretera del Alto Chira

La construcción de la carretera del Alto Chira es probablemente la obra más importante que ejecutará la gestión del alcalde de la provincia de Sullana Carlos Távara Polo.

En este proyecto vial se invertirá 66 millones 812 mil 135.87 soles, monto que representa el 52% del presupuesto anual de la comuna.

Sin embargo, el proceso de selección para escoger a la empresa o al consorcio que realizará el proyecto no estaría haciéndose con la transparencia que exige la Ley de Contrataciones del Estado.

Y por esa razón, el Sistema Regional de Lucha Contra la Corrupción (Srlcc) inició una investigación a la licitación.

Lo que genera suspicacias son los requerimientos técnicos mínimos que exigen al postor en las bases administrativas, publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado el pasado 27 de octubre.

DUDAS. En este documento piden a los participantes haber ejecutado en los últimos cuatro años una obra similar, “donde se incluya la construcción mínima de dos puentes vehiculares con estructuras sobre río con una longitud mínimo de 150 metros lineales”.

Pero no solo eso, sino también que en los últimos ocho años hayan realizado una obra similar “donde incluya la construcción de dos viaductos (puente sobre una hondonada) con una longitud mínima de 150 metros lineales”, y que comprenda la instalación de no menos de 200 mil toneladas de asfalto en caliente.

Estas condiciones solicitadas por la municipalidad conducen a la siguiente interrogante: ¿cuántas empresas han ejecutado proyectos con esas características?

Pero esto no es lo único que podría limitar la participación de postores, ya que también hay requisitos al personal que dejan muchas dudas.

¿EXAGERADO? Por ejemplo, al administrador del contrato le exigen que sea un profesional administrador o contador y, además, que cuente con el título de abogado como segunda profesión.

“Adicionalmente con estudios concluidos en diplomados dictados y otorgados por universidad en derecho administrativo y procedimientos administrativos, y diplomado en contrataciones del Estado”, se lee en las bases.

Asimismo, debe contar al menos con cinco años de experiencia como administrador de contrato en la ejecución de obras civiles.

En tanto, al residente de obra le piden que tenga experiencia como residente de obra en cuatro obras de construcción de puentes “donde incluya trabajos de instalación y/o reparación de pilotes (elemento constructivo utilizado para cimentación de obras), dos de los cuales deberán haberse construido sobre río”.

ESTUDIOS. En el caso del ingeniero de control de calidad, ingeniero topógrafo agrimensor, especialista en protección de recursos biológicos y medio ambiente, y el especialista en suelos, que completan el personal mínimo requerido, lo que genera suspicacias son los estudios que les solicitan.

Al primero de ellos le demandan cualquier estudio de postgrado concluido en gestión de la productividad, en proyectos de la construcción, y, además, contar con diplomado dictado y otorgado por universidad en expediente técnico, valorizaciones y liquidaciones de obra.

Al segundo, estudios dictados y otorgados por universidad en teledetección; en proyectos de ingeniería; en manejo de GPS, estación total y software para topografía; y topografía automatizada.

Al tercero, estudios concluidos (maestría) en gestión ambiental y recursos biológicos y contar con diplomado en auditoria en gestión de calidad y ambiente, dictado y otorgado por universidad.

Al cuarto y último le exigen maestría en geología.

INVESTIGACIÓN. Al respecto, el secretario técnico del Srlcc, Jaime Távara Alvarado, señaló que a través del Observatorio de Contrataciones del Estado realizarán una revisión de este proceso, que arrojaría indicios de un posible direccionamiento.

“Va a ser materia de un informe que vamos a sacar, lo vamos a desarrollar más ampliamente, lo que hemos visto es que podría tratarse de un supuesto caso de direccionamiento porque están pidiendo requisitos demasiado rebuscados”, expresó.

Asimismo, manifestó que existe una directiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado que señala que las bases deben ser estandarizadas, “y cuando alguna entidad se sale de ello y pide cosas fuera de eso se entiende que no se está respetando lo que debe contener los términos de referencia o los requerimientos técnicos mínimos”.

En los próximos días el Observatorio de Contrataciones del Estado emitirá un informe sobre el proceso de dando a conocer las posibles deficiencias y las recomendaciones correspondientes.