El exgerente del Gobierno Regional, Jesús Torres, dijo que su detención fue injusta; mientras que Ballivian negó haber beneficiado a empresa.
El exgerente del Gobierno Regional, Jesús Torres, dijo que su detención fue injusta; mientras que Ballivian negó haber beneficiado a empresa.

Mañana lunes 28 de junio, la jueza del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Judith Cueva Calle, dará lectura a la resolución de su decisión sobre el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el exgerente general del Gobierno Regional Piura, Jesús Torres Saravia, la asistente de Gerencia General, Lisset Ballivían Castro y el presunto intermediario Edward Baca Palacios, acusados del presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, en agravio del Estado.

AUDIENCIA

Ayer a las 11 de la mañana se dio inicio al segundo día de audiencia de prisión preventiva, donde los abogados de los tres acusados por el caso de las cartas fianzas falsas, que llevó al pago de cerca de 4 millones de soles como adelanto directo en la obra del centro de Salud de Máncora, formularon sus alegatos, entre los que mencionaron no existir peligro de fuga ni obstaculización a la justicia.

En tanto, el fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Javier López Romaní, expresó que la investigación es de carácter complejo en cuanto al plazo, es por ello, se tienen que realizar una serie de pericias forenses a los celulares incautados, la realización de una pericia contable, levantamiento del secreto de las comunicaciones de personas vinculadas al hecho, levantamiento del secreto bancario, entre otras diligencias.

Durante la audiencia, Torres Saravia declaró vía zoom y postrado en una cama de una clínica de Trujillo, que su detención fue injusta, debido a que fue él quien denunció ante las autoridades el caso de las cartas fianzas falsas, además descartó que haya pretendido fugar, ya que se puso a derecho una vez enterado de la medida en su contra, por lo que pidió llevar el proceso en libertad. Mientras que Ballivían Castro, entre lágrimas, dijo que solo se encargaba de hacer monitoreo a los procesos y “no ha tenido la intención en ningún momento en querer favorecer al Consorcio MNDC”.