Poder Judicial no aplica los 36 meses de prisión preventiva
Poder Judicial no aplica los 36 meses de prisión preventiva

En los últimos cinco años, unos 100 presuntos integrantes de varias organizaciones criminales y de otros casos menores, han sido liberados por el Poder Judicial en , tras vencerse el plazo de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público.

Aunque la responsabilidad muchas veces se le atribuye al Ministerio Público y a la Fiscalía a cargo, hay otros aspectos y puntos de vista que muestran el por qué se llega a esta situación, donde también el Poder Judicial juega un papel importante.

Algunos opinan que no se aplican las modificaciones sobre el plazo de prisión preventiva, y otros proponen la creación de un juzgado especializado.

CASOS

Como ya mencionamos anteriormente, desde el 2015, fecha en la que se iniciaron las investigaciones a organizaciones criminales como la del "Comandante Mela", la cual generó otra carpeta fiscal con el caso de "Los Ilegales", varios pedidos de prolongación de la prisión preventiva fueron denegados mayormente por las salas de apelaciones del Poder Judicial.

Además de estos casos, otros integrantes de otras organizaciones como el de "Los Cototos", "Los malditos de Los Algarrobos", "Los Maniáticos", "La Gran Sangre" y, últimamente, "Los Capos de la Construcción", se vieron favorecidos con la decisión del Poder Judicial.

Para algunos miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial no aplica algunas de las modificaciones al Código Procesal Penal, que en diciembre del 2016 se establecieron mediante un decreto legislativo y entró en vigencia el 30 de marzo del 2017.

"Antes, la investigación preparatoria estaba establecida para 36 meses, y la prisión solo por 18; eso se modificó con un decreto legislativo y ahora el plazo de la prisión para crimen organizado es de 36 meses", indicó Rocío Vences Gonzáles, fiscal provincial especializada en Crimen Organizado.

"Sullana (Distrito Judicial) sí otorga 36 meses, pero Piura no, ha seguido con la corriente de 18 meses y, es más, en el último caso que es el de "Los Impostores de la Reconstrucción", nos han dado 24 meses solo porque fue flagrancia, y nosotros nunca habíamos investigado anteriormente en diligencias preliminares a esa organización", señaló la magistrada.

Reiteró que "incluso la norma permite 36 meses y 12 más para el juicio, así es la norma ahora; sin embargo, en Piura no se respeta y no aceptan más".

"Si hemos tenido detenciones preliminares es porque hay elementos de convicción suficientes, el que no tengan prisión no es que no hay elementos sino que algunos pueden acreditar que tienen arraigo, que no se van a fugar, pero eso no lo vamos a saber hasta que se instale el juicio, allí se va a saber si van a ir o no", remarcó.

De la misma opinión es el también fiscal de crimen organizado, Edwin César Gálvez Vásquez, a quien antes el Poder Judicial tampoco le aprobó algunos pedidos de prolongación de la prisión preventiva.

"La Sala nos echa la culpa que no hemos realizado diligencias; qué diligencias si ellos solo nos dan 12 o 18 meses, y para estos casos necesitamos un plazo amplio, porque son casos graves, no investigamos a uno sino a 30 o 40 imputados, hay un caso que tiene 60", enfatizó.

Agregó que cuando piden una ampliación es porque les falta algunas diligencias para culminar la investigación.

Cabe señalar que en Piura no se cuenta con los peritos especializados como los acústicos y otros, y todo se tiene que solicitar a Lima que sí cuenta, aunque los resultados demoran hasta un año y medio porque tiene que atender la demanda de todo el país.

"Hace una semana me llegó una pericia después de un año y medio, un peritaje fonético de Los Maniáticos y La Gran Sangre", reveló Gálvez Vásquez.

Los fiscales Gálvez y Vences coincidieron también en que por lo complejo de los casos, algunos investigados tienen hasta 30 hechos por investigar, y cada organización tiene hasta 60 implicados.

Además, César Gálvez dijo que tienen que desplazarse hasta los diferentes penales que hay en el Perú, "me he ido a Chayapalca, a Cerro de Pasco, Cochamarca, a Picsi, El Milagro, porque no todos los internos están en Piura".

Además de las estrategias que emplean los abogados defensores para prolongar la investigación, incluso con habeas corpus.

"En una investigación preparatoria se somete a tutela de derechos, a habeas corpus, control de plazo, lo que busca un abogado es distraerlo para que no avance, y eso ha sucedido en los diferentes casos que tenemos. A mí me han interpuesto dos habeas corpus. Todo es para dilatar", acotó.

JUZGADO ESPECIALIZADO

Cabe señalar que otra de las necesidades que manifiestan los operadores de justicia, es la de un juzgado especializado en crimen organizado, como ya lo tiene la capital.

Al respecto, Rocío Vences indicó que "no tenemos jueces especializados en crimen organizado, y esa es una gran dificultad porque tenemos que ir a diferentes juzgados dependiendo de donde esté nuestro caso, los juzgados a veces cambian de jueces, y este tiene que empaparse escuchar, estudiar el caso, analizar y, además, cada juez tiene su criterio, y esa es una dificultad para nosotros".

Cabe señalar que en agosto de este año, un informe remitido a la titular de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Sofía Hortencia Milla Meza, daba cuenta de las necesidades que adolecen las fiscalías provinciales del distrito fiscal de Piura.

El informe señalaba, entre otras necesidades en el Distrito Fiscal de Piura, la falta de unidades móviles, combustible, mobiliario, material de escritorio y falta de personal administrativo y fiscal.

TAGS RELACIONADOS