Procesos contra fiscales que recibieron “coimas” están paralizados

Tras la sorpresiva visita del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y la posterior declaratoria de emergencia del Distrito Fiscal de Piura, hasta ayer no llegaba a Piura ninguna resolución que autorice el inicio de la acción penal contra los dos fiscales, que fueron filmados recibiendo dinero de manos del líder de la banda “Los Ilegales”, el detenido abogado Luis Alberto León More.

En consecuencia, los fiscales Ricardo Cerro Sánchez y César Palacios Poma, que trabaja actualmente en Talara, continúan en funciones.

FISCAL INVESTIGADOR. Según se conoció, ante el ofrecimiento del fiscal de la Nación de que al día siguiente tomaría decisión en los casos de Cerro Sánchez y Palacios Poma, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Guillermo Castañeda Otsu, designó el martes al fiscal superior Ramiro Calle Calle, para se encargue de las investigaciones contra los citados fiscales.

Y el martes por la noche, se conoció de medios oficiales del Ministerio Público que Chávarry dispuso autorizar el ejercicio de la acción penal por presunto delito de cohecho pasivo propio contra el fiscal César Augusto Palacios Poma, titular de la Fiscalía Provincial Penal de Talara, a quien se ve en las imágenes recibiendo lo que sería el dinero de una “coima”.

Pero, hasta ayer no había llegado a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura la resolución de la Fiscalía de la Nación, para que lo derive al fiscal designado y se inicie la aludida acción penal. Estas disposiciones son remitidas vía courier.

EN ESPERA. En tanto, hasta ayer no se conocía si la Fiscalía de la Nación ya había tomado una decisión respecto del fiscal de Piura, Ricardo Cerro Sánchez, pese a que fue el primer caso elevado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Piura, con informe 02 -2018, que fue remitido a Lima con fecha 30 de julio del 2018.

El fiscal de control interno, Juan Paredes Portocarrero, se pronunció por la responsabilidad por presunto delito de cohecho pasivo propio.

PRISIÓN O COMPARECENCIA. El fiscal Ramiro Calle, de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Piura, que conoce los casos de corrupción, investigará en primera instancia los casos contra Palacios Poma, Cerro Sánchez y José Rogel Palma, cuyo informe por la responsabilidad por presunto encubrimiento real o cohecho pasivo específico fue elevado por la Oficina de Control Interno de Piura -vía courier- a Lima el 15 de este mes.

Una vez que llegue la resolución para el inicio de la acción penal, Calle Calle deberá formalizar la investigación penal y junto con ella puede pedir la suspensión, como medida cautelar; la detención preliminar, prisión preventiva, como medida limitativa de derechos, o puede investigar el caso, ya formalizado, con comparecencia.

“Cualquiera de esas cosas puede suceder, a criterio de él (Calle Calle). Nadie le puede imponer que haga una u otra cosa”, expresó el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público, Juan Paredes Portocarrero.

En tanto, la Corte Superior de Justicia de Piura también debe designar a un juez superior instructor, que decidirá sobre los eventuales pedidos del fiscal Calle Calle, en este proceso especial para magistrados.

En tanto, una Sala Penal de Apelaciones conocerá el caso en segunda instancia, junto con la fiscal superior Faviola Campos Hidalgo, que la próxima semana asumiría la jefatura de Control Interno de Piura.

EMERGENCIA. Castañeda Otsu refirió que han recibido un oficio de la Gerencia Central de Potencial Humano que les requiere información con carácter de “muy urgente”, en el marco de la declaratoria de emergencia del Distrito Fiscal de Piura.

Así, solicita un informe detallado relacionado a la distribución y asignación de funciones del personal, con la precisión del número de trabajadores que laboran bajo cualquier modalidad contractual, sea nombrado o designado; inicio y fin de vínculo contractual; funciones por las que fueron contratados y funciones que que vienen realizando; áreas a las que pertenecen; desplazamientos realizados; suplencias vigentes.

Al respecto, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura consideró que la declaratoria de emergencia es necesaria y tiene un lado positivo, en el sentido que espera que tras la evaluación asigne mayor personal y más logística, teniendo en cuenta la elevada carga laboral en el disrito fiscal.

NO AVANZA. “A la fecha estamos esperando la implementación de esta emergencia, porque todavía no salen resoluciones, la única fue la de la declaratoria”, expresó el secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción, Jaime Távara Alvarado.

Mencionó que falta que se expida la resolución que releva al fiscal superior Juan Paredes Portocarrero del cargo de jefe la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Piura, y a su similar de Control Interno de Sullana, Nimia Borrero Pulache.

Eso recién va a ocurrir la próxima semana, cuando se reuna la Junta de Fiscales Supremos, que decidirá el cambio de dichos fiscales superiores de control interno.

En el caso de Piura, la propuesta para asumir el cargo es la fiscal superior Faviola Campos Hidalgo. En Sullana, el propuesto es el fiscal César Rodolfo Aguilar Cosme.

Aparte, Távara refirió que “como Comisión Regional Anticorrupción queremos apoyar en todo a la Fiscalía de Crimen Organizado (Fecor)”.

Refirió que tienen el deber de apoyar a dicha fiscalía, que ve los casos de la banda del “Comandante Mela” y “Los Ilegales” y los audios y vídeos del colaborador eficaz, para que desarrolle su trabajo de la mejor manera, y cuente con la logística y el personal necesario para cumplir y terminar oportunamente la escucha o visualización de todo el material que tiene.

“Esto es lo que tenemos que apoyar para que se conozca formalmente todo el contenido de esta carpeta fiscal”, expresó Távara.

EN DESACUERDO. El decano del Colegio de Abogados de Piura y presidente de los Colegios Abogados del país, Manuel Castillo Venegas, dijo que quien ha dispuesto la declaratoria de emergencia en Piura es el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Y el fiscal de la Nación desde el punto de vista de nosotros, no solo como Colegio de Abogados de Piura, sino como Colegios de Abogados a nivel nacional, del cual yo soy presidente, no lo vemos tan bien, por el cuestionamiento que tiene y la declaratoria de emergencia en la ciudadanía prácticamente no ha caído al 100% aceptable”, sostuvo Castillo.

CASOS EMBLEMÁTICOS. “Pero, en todo caso, se tienen que revisar los procesos emblemáticos de Piura, para ver en que medida la actuación del Ministerio Público, a través de sus fiscales, ha sido la más correcta”, expresó.

También se tiene que revisar las designaciones y nombramientos de los fiscales; repotenciar las fiscalías, dotándolas de personal y elementos logísticos, para que puedan trabajar.

Refirió que en esta emergencia deben tener un papel fundamental los Colegios de Abogados y los Comités de Ética, que tienen que evaluar a los agremiados.

Además, de la intervención de la misma ciudadanía.

En ese sentido, consideró importante que los Colegios de Abogados tengan participación en la selección de los jueces supernumerarios o suplentes, porque ahora van a haber designaciones y concursos para tales jueces supernumerarios.