Investigados por corrupción financiaron las campañas electorales

Las declaraciones de financiamiento de las organizaciones políticas deberían ser instrumentos eficaces para disuadir actos de corrupción y promover la transparencia. Sin embargo, desde el 2017, las organizaciones políticas están obligadas a reportar los ingresos y gastos de sus campañas sólo al finalizar los comicios.

Aunque los reportes financieros constituyen su verdad, estos no necesariamente reflejan la realidad. Sin embargo, constituyen una base para investigar el financiamiento de las campañas políticas. Los actuales gobernadores regionales de Piura, Tumbes y Lambayeque declararon recibir S/ 669 mil 687 en aportes a su campaña, el 60% correspondiente a donaciones de bienes y servicios.

El análisis del historial financiero revela los vínculos de sus aportantes con diferentes casos de corrupción y el poder que ejercen dentro de los gobiernos regionales. Correo solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) los reportes financieros que presentaron los candidatos que ganaron las elecciones en el 2018, y que ahora gobiernan las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque.

Diario Correo analizó los reportes de campaña del actual gobernador de Piura Servando García e identificó aportantes que ocupan cargos públicos en la gestión que son investigados por presuntos delitos de corrupción.

Este Diario solicitó el informe económico que presentó el gobernador Servando García Correa, del movimiento independiente Fuerza Regional, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Él asegura que recaudó S/ 70 mil 650 para su campaña, dinero que fue aportado por dieciséis personas. Cuatro son sus familiares.

En esta investigación se identificó a cinco personas que aportaron a la campaña electoral del gobernador Servando García y que ahora ocupan cargos públicos. La suma total de sus aportes es de S/ 17 mil 900 en efectivo y S/ 400 en especies. 

Diario Correo cruzó información para conocer las denuncias en las que están involucrados los aportantes de la campaña política de Servando García. La data revela que los hermanos Ana Fiorella y Nilton Cristobal Galvan Gutierrez aportaron S/ 6,000 en efectivo. Ella, ex personera legal de Fuerza Regional y esposa del ex gerente del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético (Peihap) Marcial Cunia Chinguel, es la actual directora regional de Trabajo.

En tanto, su hermano Nilton Cristobal , financista y actual jefe de Administración del gobierno regional, es investigado junto a otras cinco personas por el presunto delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de colusión agravada y negociación incompatible, en agravio de la institución en la que ahora trabaja.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura procesa a Cristobal Nilton Galvan Gutierrez y otros cuatro exfuncionarios por presuntamente haberse coludido con el representante legal de la empresa Kaori, Luis Carlos Vilela Maticorena, para defraudar al Estado en el proceso de contratación de servicio de Mantenimiento de vía de acceso principal para el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público-Huarmaca.

Según el expediente N°05591-2018, se investiga a Cristobal Nilton Galvan Gutiérrez por haber aprobado la contratación a pesar de que este no contaba con la documentación relevante y determinante en un expediente técnico como la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, sustento de metrados y los planos.

En su defensa, el jefe de Administración del gobierno regional, Nilton Cristobal Galván Gutierrez dijo que confía en salir librado del proceso. "Cuando uno es funcionario en varios lugares y tengo varios casos. Ese caso está en proceso, pero voy a salir libre porque es más del comité especial. Como administrador tengo firmar contratos, es un tema de función... El comité hace la evaluación del caso, qué postores postulan, si cumplen o no, determinan al ganador. El comité es autónomo. La parte administrativa hace contratación",dijo.

El exprocurador Ad Hoc del gobierno regional Ernesto Cornejo Alcaráz presentó la denuncia ante la Fiscalía; sin embargo, el 3 de enero de este año fue retirado del cargo (resolución N° 019), luego que Servando García asumió la gobernación.

Por otro lado, Rodolfo Gelacio Tavara Lama realizó aportes por S/ 2,800 en efectivo y S/ 400 en especies. Actualmente es coordinador del programa del “Mar a la Olla” y ha sido denunciado en el Ministerio Público por apropiación ilícita con falsificación documentaria en agravio de la empresa de servicios turísticos Alfa Y, por hurto agravado en agravio de la EPS Grau y por incumplimiento de obligación alimentaria. En su defensa, dijo que "en todos esos casos, yo ya he sido absuelto. Es cosa juzgada. Es cuestión personal que no le interesa a la gente. "(Las denuncias en la Fiscalía) son privadas, nada del movimiento, yo soy locador externo acá (en el gobierno regional). ya han prescrito", señaló.

En la lista de aportantes también aparece Ricardo Huamán García, con un aporte de S/ 6,000. Asimismo, Víctor Martín Távara Córdova entregó S/ 3,100 y ahora es director regional de Salud.

LA FAMILIA

Su hermano Manuel Idelso García Correa aportó S/ 6,000. Exalcalde de Lalaquiz, afiliado al movimiento Fuerza Regional, y gerente de la empresa Construcciones Progreso Max S.A.C. Según el Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE), Manuel García ha firmado contratos por S/ 2'431,433 con la Municipalidad Distrital de Yamango, cuyo alcalde Aquiles Córdova García ganó las últimas elecciones con el partido Fuerza Regional, el mismo que lideró su hermano para llegar al Gore.

En el reporte que presentó ante la ONPE también figura su cuñada Marcela Isabel Laban Gonzales, quien aportó S/ 3’000. En la actual gestión, la hermana de esta, Carmen Rosario Laban Gonzales, fue nombrada jefe de la Unidad Formuladora bajo resolución N° 011-2019. En la relación de aportantes también aparece su sobrina Daghely Isabel García Labán con un aporte de S/ 3,000, así como su hermano Grimaldo García Correa, con S/ 3,000.

La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Piura investiga al gobernador por los presuntos delitos de falsedad ideológica y nombramiento indebido, en base a denuncias por presuntas irregularidades en la designación de altos funcionarios que no cumplían con los requisitos que estipula el Manual de Operaciones y Funciones (MOF) y y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

El actual gobernador de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, de la organización política Podemos por el Progreso del Perú, ocupa el quinto puesto en el ranking de gobernadores que más invirtieron en la campaña 2018 al declarar ingresos de S/ 583,913.16, monto que fue entregado por 14 personas para mítines, caravanas y publicidad.

En esta investigación se identificó a dos personas que aportaron a la campaña electoral del gobernador Anselmo Lozano y que ahora ocupan cargos públicos, pese a afrontar investigaciones. La suma total de sus aportes es de S/ 91 mil 700 en efectivo y S/ 183,294.50 en especies.

En la lista de aportantes a la campaña de Lozano aparece Esar Aguilar Valdera, exconsejero por Podemos por el Perú y aportante de S/ 44,200 en efectivo. El 12 de julio de este año fue detenido y luego sentenciado a tres años y cuatro meses de pena suspendida de la libertad por sus presuntos vínculos con la red criminal “Los Temerarios del Crimen”.

La Fiscalía logró establecer que el ahora exfiscalizador pagó “coimas” y fue intermediario de sobornos a funcionarios de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) para beneficiarse con contratos para el alquiler de camionetas y motobombas entre los años 2016 y 2017. Otras 11 personas, entre exfuncionarios y dirigentes de transporte, también fueron condenados

El abogado de Esar Aguilar, Ricardo Aponte, dijo que “se ordenó el pago de una reparación civil y ahora justifica sus actividades. Es un empresario que había sido simpatizante del proyecto del actual gobernador y como persona decidió ser parte de un proyecto que no tuvo buen camino y en su momento terminaron distanciados. Ni siquiera sabía que estaba siendo investigado, se entera cuando ordenan se detención preliminar y decide dar un paso al costado (en la gobernación)”.

En el reporte económico también figura Luis Alberto Díaz Bravo, quien aportó S/ 16,000 en efectivo y S/ 183,294 en especies. Además de financista, Díaz Bravo es vicegobernador regional de Lambayeque y subgerente de la empresa de publicidad La Victoria S.R.L. (public S.R.L.). Fue tres veces regidor del distrito de La Victoria con tres agrupaciones distintas, pero siempre acompañando al hoy gobernador regional Anselmo Lozano Centurión. Díaz Bravo ha sido citado por la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad de Lambayeque, para declarar por los paneles publicitarios otorgados por el municipio de Chiclayo cuando era regidor.

En tanto, Max Deyvis Ayora Inoñan, exgerente general de la empresa Agro Pucalá, aportó S/ 20,000 a la campaña. Él es investigado por La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por los presunto lavado de activos. Hace unos días, el fiscal José Céspedes García solicitó 5 años de cárcel por haber sustraído agua del canal Lambayeque para regar campos de la compañía azucarera. En su defensa, Ayora Inoñan dijo que desconoce las circunstancias como se produjeron los hechos, pues solo trabajó como gerente de Agro Pucalá hasta el 14 de junio de 2018.

Al respecto, el gobernador  Anselmo Lozano Centurión dijo no recordar el nombre de las personas que financiaron su campaña electoral; sin embargo, aceptó conocer al investigado Max  Ayora Inoñan. "Sí, lo conozco (a Max Ayora). Si el señor ha dado (dinero) debe estar registrado en la ONPE", dijo.

Entre los aportantes también figura José Luis Luna Morales, hijo del excongresista José Luna Gálvez, quien aportó S/ 41,658 a la campaña de Lozano. Asimismo, el actual consejero Manuel Huacchillo Gonzáles, hizo un aporte de S/ 32,500 en efectivo.

El gobernador Wilmer Florentino Dios Benites, del movimiento independiente regional Faena, asegura que recaudó S/ 15 mil 124 para su campaña, dinero que fue aportado por nueve personas. En esta investigación se identificó a personas que aportaron a su campaña electoral y que ahora ocupan cargos públicos.

Diario Correo cruzó información para conocer las denuncias en las que están involucrados los aportantes de la campaña política de Wilmer Dios Benites. La data revela que Harold Burgos Herrera aportó S/ 4,000 y hasta setiembre pasado fue gerente regional de Tumbes. Él fue separado del cargo por presuntamente hostigar a una joven del área de Imagen de la entidad. Ahora él ocupa el cargo de titular de la Dirección Regional de Salud.

Por otro lado, Liz Campos Feijoó, aportante de S/ 840 ha sido investigada junto al exgerente Harold Burgos y el gobernador Wilmer Dios por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión de actos funcionales, colusión simple y agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

En la denuncia, realizada ante la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, se sindica a Liz Campos Feijoó de prestar servicios en el gobierno regional, situación que generaría un conflicto de intereses, debido a que durante la gestión anterior se desempeñó como consejera regional por el movimiento Faena.

En su defensa, ella indicó que no ha cometido ningún acto de corrupción y que trabaja como personal natural. "Nunca he sido proveedora. Yo he sido consejera por cuatro años y en ese tiempo he conocido a personas. No tengo ningún tipo de empresa, no he sido postora. La ley no indica que esté impedida de trabajar, tengo derecho a laborar como cualquier persona, estoy trabajando como profesional”, dijo.

En la lista de aportantes también aparecen los consejeros Fredy Adalberto Boulangger Cornejo, con un aporte de S/ 570; Daniel Edgar Sanjinez Alarcon, con un aporte de S/ 2,000; Jubencio Vílchez Elias, con un aporte de S/ 800; y Johnson Alexis Santamaría Pupuche, con un aporte de S/ 200. En tanto, Julio César Socola Infante aportó S/ 3,000 y Rosa Marlene Ortiz Dioses, colaboró con S/ 480.

El actual gobernador Wilmer Dios Benites también afronta una investigación por una exoneración realizada en un proceso de licitación de una obra que terminó abandonada por la contratista cuando fue presidente regional en el 2009. La Fiscalía ha solicitado seis años de prisión.