Contraloría detecta irregular otorganiento de buena pro en PEBLT Puno

La Contraloría General de la República realizó una auditoría de cumplimiento al proceso de contratación del servicio de consultoría para la formulación del estudio de pre inversión del proyecto “Ampliación y afianzamiento del sub sistema de riego Santa Rosa – Parina, distrito de Santa Rosa, provincia de Melgar, Puno”, por el importe de S/ 960,000.00.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 892-2018-CG/GRPU-AC, se detectó la modificación de los términos de referencia y factores de evaluación de las bases; así como la posterior admisión, calificación, y otorgamiento de la buena pro a una empresa vinculada con el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca – Puno y su comité especial para el proceso.

De esta manera, la entidad incumplió con lo exigido en las bases y pese a ello procedió a suscribir el contrato, afectando los intereses del Estado.

Los términos de referencia previamente aprobados por la oficina de Programación e Inversiones del Ministerio de Agricultura y Riego fueron modificados para suprimir documentación exigible.

Asimismo, los miembros del comité especial modificaron los factores de evaluación de las bases del proceso de selección, con lo que admitieron la propuesta del Consorcio Parina pese a que no acreditó la experiencia exigida para tres especialistas propuestos, y se le otorgaron puntajes superiores a los que correspondían para que acceda a la evaluación económica.

En ese sentido, la empresa se adjudicó la buena pro del proceso y celebró el contrato de servicios sin la presentación de la documentación obligatoria.

En total son cinco exfuncionarios y exservidores públicos comprendidos en los hechos, a quienes se les detectó presuntas responsabilidades administrativas y penales. El informe fue remitido, con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente para iniciar el procedimiento sancionador correspondiente.

Además se puso de conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General, para que inicie las acciones legales que sean necesarias.