Emprenden acciones legales contra funcionarios de Gobierno Regional

Al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, y a sus funcionarios de alto nivel, les toca afrontar, ahora mismo, una denuncia penal, emprendida por el representante del consorcio San Francisco, empresa que se hizo de la buena pro para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la carretera Azángaro - San Juan de Salinas - Chupa”.

Los fundamentos de la acción legal están fundamentados en la nulidad al contrato firmado entre el Gobierno Regional y las empresas consorciadas. Desde Asesoría Legal, representada por Aldo Valdivia Vega, se aseguró que la decisión obedecía a documentación falsa presentada por la empresa.

Denuncia penal. De plano, estos argumentos han sido rechazados por el representante de la empresa San Francisco, Raymundo Palomino Hancco.

En sendos documentos cursados en la víspera, tanto al gobernador regional; como a la fiscalía especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se denuncia: “...me he visto obligado de acudir a la fiscalía anticorrupción a fin de interponer denuncia penal en contra de Brisayda Silva Fur, jefe de la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Puno y contra Carla Iris Fernández (cómplice primario) y contra los funcionarios de alto nivel...por la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios, sub tipo, cohecho pasivo propio...y sub tipo de negociación incompatible...”. La misiva refiere que, existen fundadas sospechas de que existe un concierto entre funcionarios del Gobierno Regional y el consorcio Señor de los Milagros, a fin de favorecerlos a estos últimos y adjudicarles la buena pro de la referida obra, por ser los que ocuparon el segundo lugar en el proceso de licitación. El documento sugiere no dar ningún acto de nulidad.