El regidor de Puno, Richard Tipo Quispe, instó a que los alcaldes de las provincias donde se iban a construir las 10 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), se reúnan cuanto antes con funcionarios del Ministerio de vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS).
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Ante la negativa de la empresa Opeti para conciliar y culminar el primer componente del proyecto, que corresponde a la colocación de colectores, dijo que urge buscar y no solo esperar que se solucione a través de un arbitraje internacional.
Sugiere que los congresistas ayuden de conseguir una entrevista con el MVCS, ya que, al ser una iniciativa cofinanciada por la modalidad de asociación pública privada (APP), La municipalidad no puede intervenir.
“Se demostró que no había un avance significativo de las obras, y para este año, la Contraloría ha informado que para el mes de marzo solo se tenía un 18%”, añadió, recordando que la concesionaria también incumplió el cronograma del proyecto.
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Pasividad
Por otro lado, cuestionó que los gerentes de transportes y desarrollo urbano no hayan sancionado a Opeti, a pesar que otorgaron las autorizaciones y licencias por el uso de vías. “Esta responsabilidad está pasando factura y ahora que se va la empresa, ¿a quién se le va a sancionar?”, dijo.
Presume que habría intereses económicos, porque este tipo de iniciativa cofinanciada fue respaldada por grandes grupos económicos. “Que no nos sorprenda que Graña y Montero esté involucrada”, refirió.