​Renace polémica sobre criminalizar la protesta

A parte de la evidente participación de interesados en mantener el control del Gobierno Regional en manos de los allegados a Walter Aduviri, en el último paro de 48 horas, también se revivió el cuestionamiento a una serie de normas con las que, supuestamente, el Estado criminaliza las protestas.

Del otro lado, muchas ciudadanos se expresaron incluso en forma virulenta a favor de la represión e incluso exigiendo fuertes medidas definitivas para despejar las vías de comunicación.

NORMAS. El Consejero Germán Alejo brindó una lista con normas que a su criterio van en contra del derecho a protestar.

Una de las primeras es la Ley 27686 aprobada el año 2002 y que indica que cualquiera que quiera organizar una marcha o manifestación debe “pedir garantías” o autorización de la gobernación.

Otra de las normas en cuestión son los Decretos Legislativos 982,983, 989 entre otros que permiten penar y calificar a los protestantes como crimen organizado y sus acciones como extorsión; así como incrementan las penas para el delito de disturbios.

Otra de las disposiciones es la ley 27686 que pena los bloqueos de carreteras. Por otra parte una serie de normas autorizan el uso de fuerza letal por parte de los policías y, en la práctica, deja sin sanción la muerte de pobladores cuando se producen en medio de “ enfrentamientos” con la policía.

CRÍTICA. Al respecto, el dirigente Milton Cariapaza indica: “ Considero que el Estado peruano en su afán de implementar sus políticas a espaldas del pueblo vulnerando derechos y se ve imposibilitado de tener control social en el país, cuando este esta desligitimado, rechazado, que ya no tiene confianza del pueblo, es ahí que recurren a esta estrategia de criminalizar la protesta social y a perseguir a los actores sociales. Como mecanismo de control.”

Por el contexto, muchos puneños no manifiestan públicamente su aprobación a la forma de reprimir y castigar a los huelguistas, sin embargo, en redes sociales abundaron los comentarios a favor.