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Los dos peruanos que resultaron con lesiones de diversa consideración el 5 de septiembre luego que intentaran cruzar clandestinamente una zona minada entre los hitos 13 y 14 en la frontera de Chile con Perú, originando una explosión que amputó una pierna a uno de ellos y que dejó al otro con lesiones, tenían un historial con pasos oscuros.
Según una investigación efectuada por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI reveló que Jorge Huayllas Huamán (21), quien perdió su extremidad derecha en la detonación, mantenía una requisitoria pendiente en su país por el delito de deserción.
En tanto su compañero de la travesía Alejandro Pillaca García (31), quien recibió las esquirlas de la onda expansiva, registraba una expulsión vigente de la Intendencia de Atacama del año 2007, por haber ingresado en forma clandestina a través del sector Colchane-Pisiga.
La información dada a conocer por La Estrella de Arica, en las diligencias efectuadas por la Fiscalía en el sitio del suceso no se hallaron drogas u otras evidencias que permitan asociar el tránsito de los extranjeros por esa zona con ilícitos distintos de los mencionados.
En tal sentido, la PDI denunció a los extranjeros ante la Intendencia de Arica y Parinacota por ingreso e intento de egreso clandestino, infracciones sancionadas en la Ley de Extranjería.
Por otro lado, la policía Internacional estableció además que Pillaca García cumplió una condena de seis años de presión efectiva en Santiago por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Asimismo, los detectives, con apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI Arica, revelaron que en el pasado el extranjero actuó bajo una identidad falsa para delinquir dentro de territorio nacional.
La investigación de la policía determinó incluso que el sujeto mantiene vigente una medida de expulsión del país emanada en junio de 2009 desde la Intendencia de Valparaíso bajo este nombre fraudulento. Los ciudadanos peruanos involucrados en este incidente se encuentran a la espera de la resolución administrativa que adopte el Ministerio del Interior tras la denuncia de la PDI.
