GRT propone tres terrenos para nuevo penal de Tacna

Con presencia de las principales autoridades de la región, vecinos del distrito de Pocollay, se instaló ayer la mesa de trabajo para dar inicio al proceso de diálogo que permita la reubicación del establecimiento penitenciario de Tacna, más conocido como ‘penal de Pocollay’.

Tras la exposición técnica y legal de parte de funcionarios de la comuna distrital de esta jurisdicción sobre la problemática que representa su ubicación así como los posibles impactos negativos que conllevaría la ampliación del mismo; la gerenta de desarrollo social del GRT, Sheillah Miñano anunció que junto a la directora del Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes e Inmuebles (OEABI), Delia Mamani, vienen evaluando la disponibilidad de tres terrenos para reubicar a este centro penitenciario, tal como lo exigen los pobladores de este sector.

Detalló que estos predios tentativos están ubicados en la Pampa de Gallinazos (Inclán), Cerro Moripata (Sama) y la colindancia al cuartel Fuerte Arica (Locumba); Sin embargo, aclaró que estas deberán ser evaluadas junto a las autoridades del lugar a fin de no generar otro conflicto.

“Es un tema de interés regional por eso estamos tomando como prioridad la reubicación, pero no solo se trata de decir reubícate sino que es un proceso que necesita la disponibilidad tanto del INPE como de la población. Ellos (INPE) deben hacer el expediente para la construcción de un nuevo local y nosotros les transferimos el terreno”, puntualizó.

Añadió que para lograr un buen entendimiento se requiere decisiones consensuadas.

El grupo de trabajo que será presidido por el burgomaestre del distrito del Valle Viejo, Ricardo Leopoldo Loli Vargas, buscará en el proceso de diálogo con representantes del INPE alternativas de solución a corto y mediano plazo frente al hacinamiento de internos que existe en este establecimiento que fue inaugurado en 1985 con una capacidad de 45 reos, en un espacio donde no existía presencia urbana, solo agricultura.

Los integrantes de la mesa de trabajo acordaron por unanimidad volver a sesionar el próximo 5 de junio con la incorporación de Jaime Rodríguez como representante de la sociedad civil. Tratarán tres puntos en agenda: la reubicación del establecimiento penitenciario fijando plazos. En este punto se dará a conocer los informes técnicos de la disponibilidad de los predios.

Si se aprueba dicha medida se conversará la remodelación del penal.

PROTESTA. En representación de los pobladores del lugar, Jaime Rodríguez, lamentó que instituciones como la Diresa no se hayan sumado a resolver esta problemática dado que a causa del hacinamiento dentro del penal existe la proliferación de la Tuberculosis que también afecta a los habitantes que radican en los alrededores de este centro penitenciario.

El ciudadano culpó de esta situación al Poder Judicial y al Ministerio Publico indicando que el hacinamiento existe porque los jueces no resuelven a tiempo los procesos, mientras que los fiscales no son precisos en los procedimientos que inician en contra de aquellas personas que delinquen.

SENTENCIADOS. En respuesta a dicha afirmación, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, Jorge Armaza Galdós, precisó que hasta antes de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal el 70% de los reos no tenían senetencia, justamente porque la ley así lo permitía.

Sin embargo, anotó que a la fecha este índice se ha revertido a un 30%, y que estas son propias del proceso. Además muchos de ellos se encuentran con prisión preventiva.

ÓRDEN. Por otro lado, el representante de la Defensoría del Pueblo, Edward Vargas Valderrama, señaló que para llegar a buen puerto en este proceso de diálogo se necesita tomar medidas urgentes dentro del penal, tras ello se debe conversar sobre la reubicación.

“Saludo la iniciativa del alcalde Loli; tengo grandes expectativas pero se debe llevar con órden y una metodología y una agenda establecida a fin de no deviarnos, escuchando a la población así como a las autoridades”, manifestó Vargas Valderrama.

Comentó que las Ordenanza Municipales no tienen carácter retroactivo, por lo cual según su punto de vista no sería impedimiento para hacer mejoras dentro del penal. “El penal ha existido más antes que la ordenanza así que se debe considerar ese detalle”, expresó.