Autoridades a favor del desafuero de Bienvenido Ramírez
Autoridades a favor del desafuero de Bienvenido Ramírez

El último miércoles la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con diez votos a favor y cinco en contra, el informe que recomienda la destitución del congresista  y otros dos parlamentarios.

PROCEDIMIENTO. El informe pasará a la Comisión Permanente donde se realizará una segunda votación, en caso de ser aprobado se debatirá en el Pleno del Congreso este jueves, donde Fuerza Popular necesitará la mayoría de votos para lograr el desafuero.

Correo se comunicó con la consejera Liz Campos Feijoó, quien sostuvo estar a favor de esta medida.

“Ya es hora de que se tomen medidas drásticas para evitar la corrupción, de lo contrario los demás congresistas pensarán que pueden hacer negociados y no ser sancionados”, sostuvo.

El regidor municipal Javier Moquillaza Herrera es del mismo pensar, y lamenta que un padre de la Patria se haya ufanado del supuesto poder político en nuestra región. “Espero que se apruebe el desafuero, debe ser investigado sin tener inmunidad”, acotó el fiscalizador.

La alcaldesa de Puerto Pizarro, Jeny Soto Villavicencio, manifiesta que los ministros de Estado que fueron mencionados en los videos filmados por Moises Mamani deben estar incluidos en la investigación, al igual que quien grabó.

A través de las redes sociales cientos de jóvenes tumbesinos pidieron declarar persona no grata a Bienvenido Ramírez. El parlamentario Yuyes Meza, señala que a más tardar este jueves el Pleno del Congreso evaluará el informe de la Comisión Permanente, para definir la situación de los legisladores no agrupados, Bienvenido Ramírez, Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel.

Correo intentó comunicarse con el legislador Ramírez, pero este no contesta sus teléfonos. Se conoce que ha emitido un comunicado en el cual señala que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no ha cumplido con el debido procedimiento, asimismo, precisa que denunciará a César Segura, quien elaboró el informe donde recomienda su desafuero.

A los tres congresistas acusados se les imputa el delito de tráfico de influencias y cohecho.

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