Bosques secos de Tumbes en riesgo de deforestación

Una polémica sesión se desarrolló en el Consejo Regional de Tumbes, por el permiso que la dirección de Forestal y Fauna Silvestre de la Dirección Regional de Agricultura (Drat), otorgó para que se realice tala en más de 47 hectáreas en un predio que cuenta con posesionario de tierra desde 1996.

Además, los funcionarios regionales advierten que otras más de tres mil hectáreas de los bosques secos en la zona de Matapalo, provincia de Zarumilla, vienen talados sin autorización alguna, propiciándose un tráfico de tierras.

AUTORIZACIÓN

La autorización se le brinda por el plazo de un año, además según dicho documento, el titular, es decir Daniel Herrera, asume el cumplimiento e implementación del Plan de Manejo Forestal y Plan Operativo Único.

Sin embargo, esta área contaría con posesionario que cuenta con un certificado que data desde 1996, según lo sustentado por la abogada Yolka Farías, representante de Hernán Melendrez Guevara.

De acuerdo al documento presentado por la letrada ante los consejeros, existe una posesión de 1460 hectáreas que incluyen aquellas adjudicadas recientemente por la Drat, por lo que no dudó en sindicar que habría actos irregulares en este permiso.

“Como es posible que existiendo un posesionario de estas tierras, se le otorgue a otra persona para que, peor aún, atente contra la naturaleza y se le avale una deforestación irreversible”, dijo Farías.

A ello agrega que no sería el único permiso, sino que también en el 2018 se entregó una autorización a un ciudadano de 85 años, quien presentaría una discapacidad severa.

“En el 2018, se aprobó la tala en 11 hectáreas con el permiso forestal 24-TUM-CV/PER-FMP-2018-008 a favor de don Andrés Avelino Estrada Merino quien está muy delicado de salud y además ya cuenta con más de 80 años de vida, ¿acaso él puede garantizar un proceso de reforestación?, cuál es el criterio de las autoridades para dar estos permisos”, declaró.

En tanto llamó la atención de los presentes, que Farías Montero precisara que el último miércoles recibió amenazas de muerte por personas que laboran en el terreno otorgado a Herrera Infante, esto luego que se realizara una constatación policial de la tala que se realiza en la zona con el aval de la Drat.

“Yo no sé si es que se está instalando una red criminal, o qué es lo que pasa, aquí actúan sin respeto a la ley, a la naturaleza, con amenazas, todo consta en la denuncia que se ha formalizado en la jurisdicción de Contralmirante Villar y espero que el Ministerio Público tome acciones”, dijo.

Sobre lo expuesto, el consejero José Ortíz Zárate, presidente de la comisión de Recursos Naturales, propuso que se anule de oficio las autorizaciones dadas, pues considera que la tala a especies como el algarrobo ya no debe efectuarse.

DEFENSA

A su turno, los funcionarios presentes, negaron que haya colusión alguna para otorgar estos permisos de tala y mantuvieron su postura en cuanto a que se realizó los procedimientos y recomendaciones oportunas.

Además que hay un compromiso para hacer seguimiento al proceso de reforestación.

“Sobre el caso del posesionario de las más de 1460 hectáreas, el señor Melendrez Guevara cuenta con un documento caduco, ya no tiene validez, además hay un conflicto porque otras personas también aparecen como posesionarias de parte de dichas tierras. Allí primero debe haber una conciliación de una asociación”, dijo Jorge Peña Moretti.

Respecto a la proposición del consejero Ortíz Zárate, dijo que era improcedente anular las autorizaciones, pues no hay un fundamento para ello.

TALA ILEGAL

Para ello, fue el director de Forestal y Fauna Silvestre, Jorge Peña Moretti quien informó que la zona más afectada es Zarumilla, donde debido a la presencia de migrantes de otras regiones se han instalado en áreas que no eran consideradas para vivienda, donde incluso se ha propiciado un tráfico de tierras, que habría sido avalado por exautoridades de la zona.

“En Matapalo si hay un grave problema, allí lamentablemente han ingresado migrantes de Piura, Cajamarca, y como es campo han derribado cuanto bosque pueda para convertirlos en campos agrícolas y de paso viviendas, pero esto no es legal, no hay autorización para ello, se ha instaurado un tráfico de terrenos que las mismas exautoridades de la zona lo han avalado dándoles maquinaria pesada e incluso perforando pozos, sobre eso ya hay denuncias, pero no hay resultados”, precisó.