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La Sala Penal de Apelaciones de Tumbes declaró infundado el recurso presentado por siete investigados en el desfalco sistemático de la Dirección Regional de Educación de Tumbes (Dret), a través de “servicios fantasmas”, y confirmó la prisión preventiva por 10 meses para los involucrados; sin embargo se revocó la medida contra Riqui Anthony Carrillo Balladares, quien se encuentra en calidad de cómplice.
PRISIÓN
En la resolución dada por el Poder Judicial, se confirma que Johny Heraldo Lindao Feria, Wilfredo Chávez Criollo, Rosa Ysabel Arica Saavedra, Javier Girón Ramos, Ritter Adolfo Moscol Zapata, Carlos Fernando Herrera Guevara y César Yrvin Rojas Guevara tendrán la medida coercitiva de prisión preventiva por espacio de 10 meses, contados a partir de su detención en relación al proceso que se les sigue como presuntos autores y cómplices, según corresponda, del delito de peculado agravado.Mientras que en el caso de Anthony Carrillo Balladares, se le impuso medida de comparecencia con restricciones, por lo que no podrá ausentarse de la ciudad y no variar su domicilio, además cada 15 días deberá firmar el registro biométrico y está impedido de comunicarse con cualquiera de los implicados en el proceso, sean testigos o familiares de los mismos.
Además deberá pagar una caución de 5 mil soles. De no cumplir con algunas de estas restricciones se le revocaría la medida.
En la misma resolución, también se declara infundado el pedido del Ministerio Público para ampliar el plazo de la prisión preventiva a 14 meses, confirmando la resolución N° 17 del 16 de enero del 2019, emitida el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes.
La resolución es firmada por los magistrados Perú Valentín Jiménez La Rosa, Oswaldo Velarde Abanto y Susana Mejía Novoa.
Por parte del Ministerio Público, fue el fiscal superior Víctor Manuel Salazar Adrinazén quien sustentó el pedido.
Vale resaltar que unos de los principales fundamentos que el juez indicó, es que existía peligro de fuga por parte de los procesados, al no haber fundamentado su arraigo procesal, pero sobre todo porque existían varios elementos de convicción que demostraban la participación en un hecho ilícito.
CASO
Según el fiscal Jhonatan Rivas Céspedes, fueron diez “servicios fantasmas” que nunca se solicitaron desde los institutos tecnológicos y pedagógico públicos de Tumbes, menos se ejecutaron, pero sí se cobró por cada uno de ellos, originando un desfalco al Estado cercano a los 300 mil soles.Todo esto ocurrió entre los meses de mayo y agosto del 2017, en las áreas de la cadena presupuestal de la Dret.
La Fiscalía determinó que exfuncionarios contactaron a jóvenes proveedores a través de intermediarios para realizar los cobros de cheques, cuya documentación previa solo existía de forma virtual.
El fiscal precisó que se encuentra en espera de los informes de Contraloría, quienes realizaron auditorias donde incluso participó una comisión especial.
Por otro lado, hizo hincapié a que el próximo 4 de abril se desarrollará la audiencia de prisión para otros dos involucrados en el proceso.
Se trata de Manuel Elías Vásquez Acosta, quien en su calidad de tesorero habría firmado los cheques que se cobraron por los servicios no realizados, y Eliana María Crespo Romero.
Ambos en la última audiencia no se presentaron a la sala. Sobre ellos, pesa el pedido de prisión preventiva de 14 meses.
