Siete meses de prisión preventiva para el encarcelado exdirector regional de Agricultura José Serafín Espinoza y para Enrique Chávez Rugel ordenó el juez Carlos Samaniego Espinoza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, por el presunto delito de colusión agravada .
El pedido fue sustentado por la fiscal Miriam Umbo Ruíz de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes.
Decisión. Tras una audiencia que se extendió desde las 3.30 pm hasta las 11:35 pm del último jueves 28, el magistrado ordenó la búsqueda y captura para el internamiento al penal de Puerto Pizarro a Enrique Chávez Rugel, autor de la presunta compra irregular de quince hectáreas de terrenos de playa en el sector de Bocapán.
Samaniego Espinoza determinó en la lectura del mandato judicial que existen graves y fundados elementos de convicción para ordenar dicha medida.
Asimismo, el juez dictó comparecencia con restricciones para los imputados Jorge Antonio Herrera Regalado y Marcos Eduardo Visitación Quintana, ambos exfuncionarios del pliego de Agricultura.
El juez impuso una caución económica de diez mil y 12 mil soles respectivamente para los mencionados que deberá ser pagada en el plazo de 30 días hábiles.
Sobre estos, el Juzgado determinó que el Ministerio Público sustentó elementos que no resultan graves ni suficientes.
Seguidamente a Juan Francisco Arriola Oliva, extrabajador de la dirección Regional de Agricultura (Drat), se le aplicó la comparecencia simple dado que los elementos de convicción sustentados por la fiscalía no resultan graves ni suficientes.
Respecto al último involucrado en el caso Carlos Manuel Cedillo Córdova, la fiscal desistió del pedido de cárcel a virtud de que el abogado defensor no se presentó a la audiencia y a efectos de evitar una reprogramación se optó por esta medida.
Se supo que en el plazo de 48 horas el Ministerio Público presentará el requerimiento de prisión para este imputado.
LARGA ESPERA. Como se recuerda, el primer requerimiento de prisión preventiva se dio el 2 de junio del 2014, pero debido a continuas postergaciones por ausencia de los abogados defensores y otros motivos el pedido se fue dilatando.
Además en la audiencia pasada, el juez devolvió la carpeta a la Fiscalía dado que se detectaron errores. No se había notificado a los abogados defensores de un informe de Contraloría recientemente ingresado por el Ministerio Público.
Vale resaltar que para este pedido de prisión, el juez no ha considerado como prueba el informe de Contraloría sino el peritaje de los costos del área por demora en presentar dicho informe.
hechos. El 26 de junio del 2012 la Dirección Regional de Agricultura (Drat) otorgó el contrato de compra venta de terrenos eriazos de una extensión superficial de 15 hectáreas a Miguel Ángel Avilés García. Dicha venta fue firmada por el titular de la Drat de ese entonces, José Serafín Espinoza.
Sin embargo, el 28 de diciembre del 2012, Enrique Chávez Rugel solicitó ante la dirección de Agricultura la nulidad del contrato a favor de Miguel Ángel Aviles García, señalando que éste estaría negociando dichas tierras.
Acto seguido, el 05 de junio del 2013, Chávez Rugel solicitó la adjudicación de tierras eriazas presentando un documento de desistimiento de las tierras aparentemente firmado por Miguel Ángel Avilés García. Posteriormente José Serafín Espinoza como titular de la Drat mediante resolución N°0100-2013, del 18 de junio, suscribe un contrato de venta directa a favoreciendo a Chávez Rugel, quien canceló 31 mil 847.45 soles.
En marzo del 2013 la Drat declaró procedente el documento de desistimiento supuestamente presentado por Miguel Avilés, no obstante, se comprobó la falsedad de dicho documento mediante las pericias grafotécnicas elaboradas sobre la firma y huella del anterior propietario, Miguel Avilés y también sobre los sellos de la notaria Becerra Sosaya. Esto, según los alegatos presentados por la Fiscalía.
Asimismo, el contrato que favoreció a Chávez Rugel, tuvo el visto bueno de Marcos Visitación Quintana, responsable de saneamiento legal y del ingeniero Carlos Cedillo Córdova del área de saneamiento físico, ambos funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura.
La Fiscalía determinó que el comprador Eduardo Chávez Rugel falsificó el documento de desistimiento presentado al titular de la Drat. Además contó con el apoyo de Marcos Visitación Quintana dado que este emitió el informe legal N°012-2013, donde sin hacer un mayor análisis opinó que sería procedente dicho contrato.
Cabe precisar que el documento de desistimiento presentado por Chávez Rugel no se encontraba en los archivos de la Drat sino en el despacho del director José Serafín Espinoza, esto contraviniendo la normativa legal de la institución.
También los funcionarios Marcos Visitación Quintana y Carlos Cedillo Córdova sabían perfectamente que el terreno ubicado en Bocapán es de playa por lo que dicho predio está calificado como un bien intransferible, pero pese a ello dieron su conformidad para favorecer a Chávez Rugel.
LAVADO DE ACTIVOS. Enrique Chávez Rugel, sindicado como el presunto testaferro del desaparecido Viñas Dioses, actualmente viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos y pérdida de dominio. También se conoce que Chávez, se desempeño como auxiliar de educación en la gestión del líder de Luchemos por Tumbes.
Además, debido a la adquisición de las quince hectáreas de terreno de playa, el ciudadano Juan Martínez Albines fue quien interpuso la denuncia contra Chávez Rugel y los funcionarios implicados.
festín. Contraloría ha emitido más de tres informes respecto a la venta irregular de terrenos de playa e incluso áreas protegidas, durante la nefasta gestión de Gerardo Viñas Dioses.
José Serafín Espinoza purga una medida de prisión preventiva de nueve meses por la venta irregular de 36 hectáreas de terrenos de playa a un irrisorio precio de 2 mil 500 soles, pese a que el real valor es de 21 millones de soles.
El exfuncionario vendió áreas de playa en el balneario de Punta Sal cerca al hotel Decameron.
