Entre ellos, el especialista administrativo y la jefa de la Oficina de Administración, la jefa de Tesorería y el jefe de Tecnologías de la Información.
Entre ellos, el especialista administrativo y la jefa de la Oficina de Administración, la jefa de Tesorería y el jefe de Tecnologías de la Información.

La Contraloría General identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en cuatro funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Tumbes (GRT) por generar transferencias financieras irregulares por S/ 7 531 585,32 de las arcas de la entidad en setiembre del año 2020.

Según el Informe de Control Específico N° 12473-2021-CG/GRTB-SCE, de la documentación evaluada proporcionada por el gobierno regional, la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), se evidenció que funcionarios y servidores aprobaron cuatro certificaciones de crédito presupuestario sin documentación que lo sustente, lo que permitió el giro de más de siete millones de soles los días 18 y 19 de setiembre del año pasado.

La comisión auditora identificó que las certificaciones tampoco fueron autorizadas por la Subgerencia de Presupuesto del Gobierno Regional, sino que fueron aprobadas en el SIAF por un servidor que pertenecía a la Oficina Regional de Administración, incumpliendo el Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público que indica que deben ser aprobadas por la Oficina de Presupuesto.

Posteriormente, los responsables de las cuentas bancarias de la entidad autorizaron el giro con la firma electrónica que permitió la transferencia de S/ 3 395 534,00 y S/ 1 981 176,32 a dos empresas; sin embargo, los montos fueron rechazados porque las cuentas bancarias se encontraban inactivas.

Por otro lado, el saldo de S/2 154 875 fue transferido a una cuenta bancaria que sí se encontraba activa de una tercera empresa; no obstante, esta dispuso que se efectúe la devolución de la totalidad del monto abonado el pasado mes de octubre. Estos hechos advierten la falta de custodia de los caudales y efectos públicos, lo que generó transferencias irregulares de recursos financieros, afectándose el correcto funcionamiento de la administración pública.

Los funcionarios con presuntas responsabilidades penales y administrativas son el especialista administrativo de la Oficina Regional de Administración, la jefa de la Oficina Regional de Administración, la jefa de la Oficina de Tesorería y el jefe de Oficina de Tecnologías de la Información.