Juicio por caso Dirección Regional de Educación de Tumbes en la recta final

En la recta final se encuentra el juicio oral del emblemático caso de presunta corrupción en la Dirección Regional de Educación de Tumbes (Dret), a través de “servicios fantasmas”, que generaron un desfalco de aproximadamente S/ 300,000.

Fuentes del Ministerio Público comentaron a Correo que solo faltan presentar algunos documentos y alegatos para que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Jaime Igor Elías Lequernaqué, emita un fallo.

Se estima que si no se presenta ningún obstáculo, en menos de un mes se conocerá el desenlace de este proceso judicial, en el cual la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha solicitado 8 años de cárcel para todos los involucrados, entre ellos exfuncionarios de la Dret, algunos de los cuales se encuentran en calidad de prófugos de la justicia.

Tal es el caso del exadministrador de la referida entidad, Johnny Heraldo Lindao Feria, quien es buscado a nivel nacional por la Policía.

Para la Fiscalía Anticorrupción se habría configurado el delito de peculado. Además del exadministrador, en este caso se encuentran comprendidos Manuel Vásquez Acosta, Wilfredo Chávez Criollo, Javier Girón Ramos y Ritter Moscol Zapata.

Asimismo, como supuestos cómplices aparecen Rosa Arica Saavedra, Carlos Herrera Guevara, César Rojas Guevara, Riqui Carrillo Balladares y Eliana Crespo Romero.

Escándalo

Fueron diez los “servicios fantasmas” que nunca se solicitaron desde los institutos tecnológicos y pedagógico públicos de Tumbes a la Dret, y menos se ejecutaron, pero sí se cobró por cada uno de ellos, originando un desfalco al Estado cercano a los S/ 300,000.

Todo esto ocurrió entre los meses de mayo y agosto del 2017, en las áreas de la cadena presupuestal de la Dret.

La Fiscalía Anticorrupción determinó que exfuncionarios contactaron a jóvenes proveedores a través de intermediarios para realizar los cobros de cheques, cuya documentación previa solo existía de forma virtual.

Este caso es investigado por el fiscal Elber Jonathan Rivas Céspedes y la declaración de los proveedores captados por los funcionarios ha servido para esclarecer un poco más el modus operandi de esta aparente organización dedicada a cometer desfalcos en la Dirección Regional de Educación, unidad ejecutora del Gobierno Regional.

En mayo del año pasado, este caso entró a etapa de juicio oral, en el cual los abogados defensores han tratado de demostrar la inocencia de sus patrocinados; no obstante, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una serie de documentos para sustentar el pedido de 8 años de cárcel contra todos los imputados.