Mantienen silencio en GRT tras denuncias por acoso sexual y laboral

Más allá de la crisis económica que anunció el gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios Benites, hoy afrontan un nuevo problema en su gestión que gira entorno a la crisis moral, donde no solo una trabajadora ha denunciado ser víctima de acoso sexual por parte del gerente regional Harold Burgos Herrera para mantenerse en la institución, sino hay otras denuncias formuladas incluso ante el Ministerio Público.

En tanto, existe un silencio cómplice en la entidad, pues ayer desde las 7 de la mañana los funcionarios y la alta dirección incluyendo el gobernador se mantuvieron en reunión a puertas cerradas, sin emitir ningún pronunciamiento al respecto, a pesar de las recomendaciones que ha efectuado la Defensoría del Pueblo.

CASO

De acuerdo a la denuncia, la víctima ha recibido constantes acosos desde que inició a laborar en la entidad en enero de este año, donde el investigado le decía constantemente que él le podía ayudar a mejorar sus condiciones laborales porque es del partido de gobierno y podía hacer que trabaje sin problemas.

Según la víctima, el 15 de abril ella le comentó a Roberto Crisanto que su cónyuge necesitaba una oportunidad de trabajo, aunque sea como vigilante, pero como respuesta recibió una invitación a “comer ceviche y que luego el resto vendría después”.

En el acta de la denuncia presentada ante la fiscalía y a la gerencia regional, se detalla que la denunciante le increpa a Crisanto Alama a qué se refería con la frase “el resto vendría después”, y obtuvo como respuesta “tú ya sabes de qué se trata, no te hagas la inocente”. Donde la fémina repregunta que sea más claro y el investigado le contesta “primero el ceviche y después paga con otra cosa que sabe”.

Como respuesta, la denunciante sindica que se negó a dicha proposición diciéndole “no es correcto y que no iba a ceder a sus bajos instintos sexuales”, recibiendo como respuesta un “tú te lo pierdes porque quieres”.

Según la víctima, desde esa fecha los hostigamientos no cesaron, pues el jefe de vigilancia siempre tomaba el nombre del gerente Harold Burgos para indicarle las rotaciones en sus puestos de trabajo o sanciones, entre ellas o que la iba a botar por orden del gerente, hasta que finalmente ya no la dejaron ingresar a la entidad.

Sin embargo, a pesar de la denuncia desde mayo a la fecha no hay ninguna respuesta por parte de la entidad, pero Crisanto Alama continuaría laborando.

En tanto la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Tumbes aperturó diligencias preliminares, pues de acuerdo a la calificación jurídica el hecho imputado se encuentra en el artículo 176° del código procesal penal, donde de hallarse alguna responsabilidad el denunciado podría ser reprimido con pena de cárcel no menor de tres años ni mayor de cinco. Además de la respectiva inhabilitación.

Esta investigación tiene un plazo de 60 días, y a pesar de haberse programado las citaciones para las declaraciones respectivas el imputado no acudió a dar sus declaraciones solicitando reprogramación mediante su abogado.

La víctima refiere que hasta la fecha no ha recibido las medidas de protección, porque ella no las ha solicitado por desconocimiento, pero le indigna saber que a la fecha en la entidad tampoco haya acciones de por medio para proteger a las féminas ante estos casos.

SILENCIO

Sin embargo, hoy ya son públicas las comunicaciones vía Wathsapp que habría mantenido con la trabajadora A.E.Z.G., las mismas que se encuentran bajo investigación a nivel de Defensoría del Pueblo, Centro de Emergencia Mujer y serán remitidos hoy ante el Poder Judicial y el Ministerio Público, pues a pesar que la agraviada ha intentado desistir de la denuncia, los entes encargados de velar por la lucha contra la violencia a la mujer se han mantenido firmes para sostener este proceso, y donde se deben dar la protección total a la víctima.

En el informe remitido por la Defensoría del Pueblo al Gobierno Regional de Tumbes se detalla que la trabajadora presentó su denuncia el 12 de julio a las 8 de la mañana ante el despacho del vicegobernador.

Es allí donde la fémina indica que había sido rotada a otra área y que luego simplemente no la dejaron ingresar y en portería le informaron que era por orden del gerente general, donde ella presumió que esto era a raíz de las represalias por rechazar las propuestas denigrantes hechas.

Diario Correo accedió a las dos actas que firmó la agraviada, donde ciertamente en la primera, elaborada a mano, ella manifiesta haber sufrido acoso sexual y mostró las pruebas (mensajes de wathsapp).

Pero también existe otra acta tipeada, la misma que habría sido elaborada en la oficina de Asesoría Jurídica, pero allí la agraviada desmiente la existencia de algún video íntimo, e incluso alguna denuncia por acoso sexual.

De acuerdo a las normas vigentes, una víctima de violencia así se retracte de su denuncia, las autoridades deben continuar con la investigación.