Piden retirar a funcionarios del GRT y MPT

Ante la inminente corrupción por la que atravesó la región Tumbes, los ciudadanos se encuentran alertas para vigilar que la historia no se vuelva a repetir.

Es en ese sentido que el comité de vigilancia del presupuesto participativo de la provincia de Tumbes, el Frente amplio por la defensa de los intereses de Tumbes y Juan Martínez Alvines, alertan una vez más la presencia de funcionarios en la gestión edil y regional involucrados, procesados y sentenciados por delitos de corrupción.

Advertencia. A través del oficio N° 12-2015/ C.V.P.P. dirigido al alcalde provincial de Tumbes, Manuel De Lama Hirsh, y firmado por Heriberto Panta Gómez, secretario general del comité de vigilancia, precisan que no están de acuerdo con la designación de Juan Carlos Gonzales Hidalgo como gerente general municipal, esto por los serios cuestionamientos por presuntos actos de corrupción cometidos en la gestión de Isabel Marjorie Jiménez Gonzales.

A esto se suma, las recientes investigaciones en su contra por parte de la fiscalía especializada en delitos de Corrupción.

Este oficio también fue extendido hacia el ministerio público, con el fin que se haga una intervención de oficio.

REgión. Si bien en la municipalidad solo el gerente general estaría siendo cuestionado por la ciudadanía, en el Gobierno Regional de Tumbes (GRT), son seis los funcionarios quejados.

Es así que Juan Martínez Alvines, presentó al consejo regional un petitorio de revocatoria de designación de los funcionarios y servidores que fueron sentenciados, y denunciados por delitos de corrupción en la administración pública.

A través de la solicitud presentada, Martínez Alvines cuestiona a los funcionarios de Ricardo Flores Dioses, quienes fueron sentenciados e inhabilitados por el famoso caso de las camionetas; entre ellos, el actual administrador del GRT, José Walter Chapilliquén Sunción, y el director regional de Transportes, Armando Navarrete Pompa.

Según el documento, estos funcionarios, al igual que el hoy presidente regional de Tumbes, fueron procesados por peculado y colusión debidamente comprobados. Esto, porque nunca existió un proceso de Adjudicación Directa para la compra de las cinco camionetas.

Respuesta. Al respecto, Walter Chapilliquén declaró a Correo que no hubo proceso alguno, porque as camionetas solo estuvieron en fase de prueba y no hubo desembolso de dinero.

“Yo estuve a cargo de la Gerencia de Administración y nunca autoricé ningún giro para el pago de vehículos y eso incluso fue corroborado por la gestión del doctor Cuenca en la que se comprobó que no hubo desembolso alguno”, declaró.

Precisó que en la actualidad se encuentra habilitado en la administración pública y que continúa pagando la reparación civil que le corresponde.

Por su parte, Armando Navarrete Pompa, director regional de Transporte, recalcó que se le incluyó en el proceso solo por ser el chofer de una de las camionetas.

“Es verdad que fui incluido en el proceso de las camionetas, pero yo no tuve nada que ver con pago o licitación alguna, porque no existió. A mí solo me procesaron por ser el chofer, y eso fue todo. No tengo ni una denuncia por corrupción”, precisó.

Dijo que fue procesado por una fotografía.

Denunciados. En el documento presentado por Juan Martínez ante el consejo regional también se incluye al gerente general del GRT, Manuel Bambarén Miasta, quien habría sido denunciado en dos oportunidades en el año 1999 por los delitos de concusión, peculado y malversación.

Menciona también a Pedro Octavio Mejía Reyes, quien tendría siete denuncias a nivel fiscal desde los años 2000 hasta el 2007 por los delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones y peculado.

Quien también figura en la lista es el actual director regional de Educación, Miguel Calle Castillo, denunciado en los años 1999, 2007 y 2009.

Así también, el asesor legal del GRT, José Nole Nunjar, y María Arrunategui Zúñiga tendrían una denuncia cada uno.

Por su parte, el profesor Miguel Calle Castillo aclaró que las denuncias en su contra nunca tuvieron asidero legal y se cayeron por sí solas. Además, dijo que ocurrieron en momentos claves de las campañas electorales cuando participó.

“Nunca tuve una sentencia. Los casos fueron sobreseídos por no existió prueba alguna que me incrimine; además, en ese tiempo yo estaba postulando a las elecciones municipales y las denuncias fueron por el calor político, pero ya todo pasó”, aclaró.

Evaluación. En tanto, el consejero delegado de Tumbes, Arghelis López Salazar, tras conocer el tema anunció que previamente evaluarán el petitorio del ciudadano.

Así también, dijo que se solicitará la información necesaria al Ministerio Público y a la Procuraduría Anticorrupción.

“De tener un buen sustento legal, se propondrá el cambio de funcionarios”, precisó.

Ojo. Los denunciantes alertan los hechos de corrupción presuntamente cometidos, pero también hacen hincapié en el ámbito moral y ético porque, si bien los funcionarios se encuentran habilitados, en su oportunidad fueron investigados y denunciados.

Además, agregan que los servidores deben tener un perfil profesional idóneo para obtener altos cargos y contribuir al desarrollo de la región.